Carmen González Benicio

Tlapa

En Guerrero se han registrado 22 mil 890 personas desplazadas de manera forzada, sin que las autoridades garanticen su seguridad y su anhelado retorno a sus hogares de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien lanzó una campaña con la que busca recabar fondos para apoyarlos.
Bajo el lema Guma, que significa tortilla en lengua me´phaa, la organización materializará el apoyo económico en insumos de la canasta básica como el maíz, arroz, frijol y aceite que servirá para alimentar y acompañar a las familias. Piden hacer la donación a nombre de Tlachinollan Grupo de Apoyo de los Pueblos Indios de la Montaña A.C. a la cuenta bancaria: 197 – 668 de CITIBANAMEX, sucursal: 4602, de Tlapa de Comonfort.
En su página de facebook Tlachinollan difundió una infografía en la que menciona que habitantes la Montaña y Costa Chica de Guerrero han sido víctimas de violencia y desplazamientos forzados internos que tienen documentados desde el año 2013 a 2022.
En la infografía del mapa del estado de Guerrero focalizan 25 municipios con desplazamientos forzados en las siete regiones. En Tierra Caliente son seis municipios afectados: Zirándaro, Pungarabato. Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan; en la Centro, son cinco: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los Bravo, Zitlala y Chilapa de Álvarez; de la Norte, son cinco: Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Taxco de Alarcón.
De la Montaña, dos: Zapotitlán tablas y Cochoapa el Grande; en la Costa Chica, uno: Ayutla de los Libres; y de la Costa Grande, son cinco: Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Benito Juárez y Acapulco el que presenta un desplazamiento masivo.
En el artículo, Los desplazados y Olvidados de Guerrero publicado en El Sur en su edición del 18 de julio de este año, la organización menciona que el desplazamiento es de décadas y se inició con la relación entre caciques y Ejército para sacar a la gente de sus territorios; las políticas basadas en el saqueo de los bienes naturales como la explotación forestal; extractivistas como la minería; construcción de presas y en las últimas décadas relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
Agrega que esto ocurre a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, extorsión o les han asesinado a algún familiar. Y que de acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, tienen un registro de julio del 2013 a la fecha, de cinco mil personas. Además de que de 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.
Cita Tlachinollan en su texto que los gobiernos alientan la protección y apoyo a los empresarios y dejan a los campesinos solos, como el caso de familias de Chilpancingo e Iguala que no pueden sembrar por falta de agua que sí tienen las mineras y a eso se suma la delincuencia.
Menciona que el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, desde el 2011, acompaña a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, refugiándose en la cabecera municipal de Ayutla los Libres.
Asegura que en el caso de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, indica que han sido víctimas de la violencia delincuencial donde las familias en enero del 2016 se vieron obligadas a salirse ante el asesinato de seis personas.
Respecto a la comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, menciona Tlachinollan que desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado con un registro de 50 familias desplazadas.
En Chilapa, resalta que las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, huyeron ante la amenaza difundida en facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, eso fue el pasado 9 de junio.
Menciona que los habitantes tienen la amarga experiencia de que por ser indígenas no tienen derechos y deben enfrentar esta avalancha delincuencial sin garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo.
En todos los casos las autoridades municipales y estatales han evadido su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades y prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida, resalta la organización.
Agrega que este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.