Damnificados de la colonia El Amate, expusieron que detrás de las familias que habitan de manera irregular 130 viviendas del fraccionamiento El Mirador, puede estar el Ayuntamiento capitalino junto con dependencias estatales, pues han comprobado la presencia de trabajadores municipales y estatales de Salud y Educación que viven en el predio.
La mañana de este viernes, en la casa de la señora Sabina Ramos Cicilio, reconstruida con madera y láminas usadas de asbesto luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013, el comité vecinal de damnificados de El Amate reiteró que han acudido ante todas las instancias gubernamentales para solicitar el desalojo de las personas que invadieron el terreno donde reubicarían su domicilio, en El Mirador, pero nadie ha atendido sus peticiones.
Abundaron que ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ni el gobierno estatal o la Procuraduría General de la República (PGR) han puesto un verdadero interés para revertir el conflicto de las viviendas, y detallaron que el jueves, cuando fueron al fraccionamiento, fueron amenazados nuevamente con machetes y palos por un grupo de personas, quienes les negaron el acceso.
Debido al retraso del desalojo, la representante del comité, Karen Hernández Pérez indicó que existen sospechas de que los habitantes irregulares del terreno están siendo protegidos, pues ahí habitan abogados, trabajadores del Ayuntamiento, de la Jurisdicción Sanitaria y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Comentó que los “invasores” les aseguraron que no se saldrán de las viviendas porque cuentan con el respaldo de las autoridades, “nos dicen que son la ley y que cuentan con el respaldo de funcionarios municipales y estatales, y que tienen acuerdos con la diputada Beatriz Vélez y el alcalde Leyva Mena; se muestran seguros y nosotros no vemos que las autoridades procedan en beneficio de los damnificados”, denunció.
Asimismo, Hernández Pérez exige al alcalde, Marco Antonio Levya Mena y al gobernador, Héctor Astudillo Flores una revisión para identificar si hay trabajadores que pudieran estar involucrados en la invasión, pues consideran una injusticia que los verdaderos afectados por los meteoros de 2013 no puedan habitar las viviendas.
Karen Hernández subrayó que cuentan con todas las evidencias que comprueban que son los dueños legítimos de los hogares, y que actuarán de manera legal hasta las últimas consecuencias para lograr habitar las casas que les pertenecen.
Posteriormente, una menor de 10 años acompañada de su madre, de nombre Angélica García Miranda, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con la vivienda que le prometió desde hace tres años, “que no esté ubicada en zona de alto riesgo como en la que actualmente vivimos y que nos evite la preocupación que diariamente vivimos”, comentó la pequeña.
Explicó que en la visita del presidente a las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), donde estaban refugiados, solicitó la construcción de un nuevo hogar en una zona segura, y que Peña Nieto se comprometió a construirla.
Sin embargo, Angélica Miranda, madre de la niña, indicó que hasta la fecha el presidente no ha cumplido con la promesa, “incluso Peña Nieto bromeo con mi hija diciéndole que era su novia, ese día se mostró accesible con nosotros, pero hasta el momento no hemos visto resultados”, explicó.
Por su parte, mediante un boletín oficial, el gobierno del estado informó que el director general del Registro Público de la Propiedad, Lenin Carbajal Cabrera, y el director general del Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, Rodolfo Ruiz Cabrera, acordaron coordinar acciones para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en diversas colonias de la capital del estado.
En el documento se informa que en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de la capital, Lenin Carbajal informó que en coordinación con la Sedatu federal, se dará atención y seguimiento a la regularización de los predios donde fueron reubicadas las familias damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
El documento explica que que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) atenderá 598 trámites de la colonia El Mirador y 67 de la comunidad de Petaquillas.
Según el documento, por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, se dará puntual seguimiento a este proceso para garantizar a los beneficiados la certeza jurídica de sus propiedades.