En las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco del municipio de Chilapa, la población es violentada de manera grave en su derecho a la salud y a la vida, alertó el Centro de Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Pidió al gobierno de Héctor Astudillo Flores activar un “plan emergente” para atender a los desplazados de comunidades de Chilapa, Zitlala y San Miguel Totolapan, que les garantice el derecho a la salud, a la alimentación, vivienda, educación y a la justicia.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández fue consultado el martes en la tarde al concluir una gira por esas comunidades que a principios de junio huyeron por temor a una amenaza de un ataque armado. En su visita confirmó que ha regresado la mitad de los pobladores a sus viviendas para tratar de recuperar su siembra y sus animales de granja y ganado.
Dijo que para el Centro Morelos aún no está garantizada la seguridad ni su derecho a la vida de los pobladores, “no es suficiente la presencia militar y puede haber nuevos hechos de violencia”.
“Ni la calma ni la seguridad está garantizada en la zona que consideramos de alto riesgo, con bastante vulnerabilidad, un foco rojo en la región. El hecho de que las familias quisieran regresar no es porque tengan garantías y los pobladores que han regresado temen que los militares puedan retirarse y que eso agrave la situación”, advirtió.
Otro aspecto que considera el defensor de derechos humanos es el de la salud y la falta de transporte público.
“El derecho a la salud se está violentado de manera grave, no entendemos por qué el gobierno del estado no manda médicos ni medicinas para darle ese servicio a la comunidad, no hay servicio público y no hay seguridad para viajar, las personas tienen miedo de que les pase algo en el trayecto”, expuso.
Informó que el lunes pasado presentaron ante la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del estado una propuesta de plan emergente de “atención integral humanitaria” para atender a los desplazados de los municipios de Chilapa y Zitlala.
El plan consiste en garantizar de inmediato a los desplazados y a quienes han regresado a sus comunidades y que perdieron parte de su patrimonio los derechos a la vida, integridad personal, salud, alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la justicia.
El plan considera preparar las condiciones para la reubicación de quienes consideren que no hay condiciones para regresar a sus comunidades.
La propuesta, agregó, parte de que el gobierno del estado reconozca a las víctimas como “desplazados internos”, porque dejaron contra su voluntad sus casas y comunidades a causa de la violencia generada por grupos delictivos. (Luis Daniel Nava / Chilapa).