Vania Pigeonutt

El Sur, Ciudad de México

Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin  justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que  la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.