Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.