Policías estatales despedidos en mayo del año pasado informaron que el plazo que dio un juez federal para que se paguen los salarios caídos de los 176 agentes vence hoy, y en caso de no dar respuesta el gobierno estatal será multado.
Agregó que se notificó formalmente al secretario de Seguridad Pública estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes y al jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría, Constantino Leyva Romero.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el policía despedido José Muñoz Franco explicó que esta es la segunda resolución en contra de Almazán Cervantes, como dieron a conocer el 28 de julio, y es parte del seguimiento del caso laboral de los uniformados.
Detalló que un juez federal emitió la notificación el jueves en contra de Almazán Cervantes y Leyva Romero, les dio un plazo de tres días que vencen hoy para responder a las peticiones de los afectados como el pago de los salarios caídos.
Dijo que de la resolución sólo solicitan el pago de salario, viáticos y del Día del Policía, hasta que el juez concluya el caso se determinará si regresarán o no a la corporación, “por eso pedimos al gobernador Héctor Astudillo Flores que si regresamos a la Policía Estatal que no haya represalias y no nos cambien de región, como lo hacen los altos mandos para vengarse, para que nos pase algo”.
Informó que en la movilización continúan 120 policías de los 176 y les adeudan más de 15 quincenas, que es un total de 400 mil pesos, “de las dos resoluciones que ha emitido el juez federal como continuidad en el proceso no hemos tenido respuesta del gobernador ni del secretario de seguridad”.
Responsabilizó a Astudillo Flores y a Almazán Cervantes de lo que les pueda pasar a los que continúan en la lucha para defender sus derechos laborales.
El 28 de julio en una nota se informó que un juzgado federal notificó al gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal su obligación de pagar los salarios que debe a 176 policías despedidos el año pasado, y de no cumplir la Secretaría podría ser multada.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Se quejaron porque les cambiaron su jornada laboral de tres días de descanso por seis días de trabajo.