Isabella González y Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hubo corrupción y dinero de por medio en el juzgado que liberó a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, quien es acusado de ordenar el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y fue reaprehendido por la FGR ayer.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer el inicio de su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó a Casarrubias Salgado.
Después de salir del penal del Altiplano, El Mochomo no quedó en libertad, de inmediato fue retenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y este viernes informó que un juez le dicto el arraigo por 40 días para investigar su responsabilidad en diversos delitos.

Exhibir actos de corrupción

En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador declaró: “Hubo corrupción en el juzgado que otorgó la libertad y se tienen pruebas, o sea que hubo dinero de por medio, entonces se va a actuar castigando a los responsables y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban y todos debemos saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan”
En otro momento de la misma conferencia insistió en que es importante exhibir actos de corrupción ante el “tribual del pueblo”.
“Puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos, entre otros de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado en donde se le otorgó la libertad, yo espero que la Fiscalía presente todas las pruebas y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y esa prueba queda nulificada mi opinión es (que) no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere, ya van a haber seguramente otras pruebas”.
El mandatario federal consideró como una “afrenta a las instituciones y al Estado” la liberación de El Mochomo a unas horas de que el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció su captura como pieza clave en el caso Iguala.
Este miércoles, una juez federal del Estado de México determinó liberar por falta de elementos a Casarrubias Salgado, pero antes de que abandonara el Penal del Altiplano fue recapturado por la Fiscalía.
De acuerdo con autoridades federales, El Mochomo fue retenido con base en una orden de localización y presentación girada por un agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Revela la SEIDO conversaciones telefónicas

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) intervino legalmente conversaciones telefónicas que revelan un soborno en millones de pesos a funcionarios de un juzgado de distrito para que liberaran a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, quien ayer abandonó el penal del Altiplano.
Dio a conocer un audio en el que presuntamente habla la mamá dep Casarrubias con su abogado sobre dichos sobornos para que el detenido quedara en libertad.
“La SEIDO, dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel “C””, informó la Fiscalía General de la República.
“El maestro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, ha comunicado a esta institución, a través de los conductos procedentes, que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados y la FGR estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto”.
María del Socorro Castillo Sánchez, juez segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó el miércoles la libertad por falta de elementos a El Mochomo por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pero ayer en la tarde la FGR dijo en un comunicado que el juzgado le decretó la libertad al presunto narcotraficante, negándole valor a 21 pruebas que se presentaron y fueron admitidas en 2014, y que eran válidas en el sistema de justicia vigente en ese momento.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló que ante estas inconsistencias en el fallo judicial, la FGR apeló de inmediato la libertad de El Mochomo.
El pasado 24 de junio, la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo a Casarrubias Salgado en el municipio de Metepec, Estado de México, donde fue ubicado después de vivir varios años oculto en distintas zonas serranas del país.
Le cumplimentaron una orden de aprehensión librada el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, por el delito de delincuencia organizada.
De inmediato, fue puesto a disposición de la juez Castillo Sánchez, quien una semana más tarde le dictó la libertad por falta de elementos para procesar, aunque volvió a ser detenido cuando se disponía a abandonar el Penal Federal del Altiplano con base en una orden de localización y presentación de la SEIDO.
Ayer, la FGR informó que obtuvo el arraigo de Casarrubias por 40 días. Adelantó que la investigación por la que fue arraigado y será imputado judicialmente es ajena a los hechos del caso Iguala.
“De acuerdo con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, se habrá de solicitar una nueva orden de aprehensión contra esa persona en este asunto, por hechos distintos a la acusación anterior”, dijo la Fiscalía.

Indaga CJF corrupción

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó el miércoles a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas.
La institución indicó que tuvo conocimiento de informaciones sobre el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, órgano que liberó al presunto narcotraficante, que amerita una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal.
Dicho órgano de impartición de justicia está a cargo de la juez María del Socorro Castillo Sánchez y en la sentencia de Casarrubias participó el secretario de acuerdos Marco Aurelio González Romero, según fuentes federales.
“Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente”, señaló la Judicatura.
“En este caso, información que ha llegado al CJF amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”.
El CJF puntualizó que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras en sus resoluciones, pero, enfatizó, toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.
A diferencia de otros casos donde el CJF inicia investigaciones administrativas contra personal jurisdiccional, en este caso ningún servidor público adscrito al juzgado fue suspendido temporalmente del cargo.
Algunos de los testimonios sobre los que se basaba la imputación contra Casarrubias fueron anulados desde hace por lo menos dos años por faltas al debido proceso, como tortura a los testigos de cargo o dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público.
En Twitter, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reiteró la cero tolerancia a la corrupción.
“Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del #PJF que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, escribió.

El arraigo de 40 días

Un juez federal arraigó por 40 días a Casarrubias Salgado supuesto operador de la banda criminal Guerreros Unidos, para que sea investigado por delitos de delincuencia organizada.
El juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en la Ciudad de México concedió la medida cautelar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informaron fuentes federales.
El supuesto narcotraficante fue trasladado al Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, localizado en la Colonia Doctores de la capital del país, donde permanecerá retenido durante el plazo dictado por el impartidor de justicia.
De acuerdo con los informes, la indagatoria por la que permanecerá arraigado no tiene ninguna relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
María del Socorro Castillo Sánchez, juez segunda de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó el miércoles la libertad por falta de elementos a El Mochomo, por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de una orden de aprehensión librada el 21 de octubre de 2014 contra decenas de políticos y policías municipales, así como miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, El Mochomo libró esta acusación porque los testimonios que lo imputaban como operador de ese grupo delictivo fueron obtenidos bajo tortura o por ilegalidades en la detención. Es la misma historia que ha sucedido con otros 78 liberados, del total de 148 detenidos.
Dos testimonios, el de Osvaldo Ríos Sánchez El Gordo y su hermano Miguel Ángel El Pozol, supuestos sicarios de Guerreros Unidos, señalaron a El Mochomo como el responsable de ordenar la ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las manifestaciones, realizadas en un interrogatorio que corrió a cargo de la Secretaría de Marina, fueron invalidadas desde 2018 por la justicia federal porque ambos fueron detenidos sin ser puestos a disposición de la FGR en forma inmediata.
Según la resolución de hace dos años, los marinos tardaron 11 horas con 30 minutos en ponerlos a disposición de la PGR en la Ciudad de México, plazo que el juez de esa causa consideró “excesivo” e injustificable, máxime porque el parte informativo dice que El Gordo y El Pozol no opusieron resistencia.