La defensa de los acusados de cuatro homicidios ocurridos el 4 de octubre de 2016, entre ellos dos contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, trató de probar ilegalidad en las detenciones de sus representados, ayer en el primer día del desahogo de pruebas en la audiencia de juicio, en Ciudad Judicial.
En la Sala 2 de Juicios Orales, el abogado defensor interrogó a los policías ministeriales a cargo de la detención de cinco personas en la parte alta de la colonia PPS en Chilpancingo, el 8 de octubre de 2016, y evidenció que los detenidos no conocieron plenamente sus derechos ciudadanos antes de la revisión corporal y el cateo del automóvil donde se trasladaban cuando fueron abordados por los agentes.
La primer testigo de cargo, una policía ministerial dijo que no recogió indicios del sitio de la detención, pero tomó directamente con su mano el arma que llevaba uno de los hombres en la cintura, sin los guantes adecuados para proteger la evidencia.
El fiscal orientó a los ministeriales a identificar a los detenidos, así como el arma incautada, y un testigo mencionó la existencia de una investigación ministerial que revela una forma de operar de mucha violencia en asaltos a tiendas, que vincula a los presuntos responsables de los asesinatos del 4 de octubre.
Ese día fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además fue herido el maestro Juventino Carranca Tejacal quien murió en el hospital, en un ataque en una Urvan que según la Fiscalía fue un asalto.
Después de este ataque la tesis oficial indica que los mismos agresores arremetieron en la huida contra otra Urvan del servicio público en la colonia Nueva Revolución, donde mataron al chofer del vehículo Marco Antonio Organista Lorenzo, y en los dos eventos también hirieron a varias personas.
En la audiencia intermedia se aprobó el desahogo de 38 pruebas y testimonios de la Fiscalía General del Estado, dos testimonios de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dos testimonios de la defensa que también solicitó cinco pruebas periciales ofrecidas por los fiscales.
Ayer a las 6:30 de la tarde sólo dos testigos habían concluido sus interrogatorios, los que fueron insistentemente interrumpidos con objeciones de la defensa, el fiscal y abogados coadyuvantes de la CEAV.
Con el nuevo sistema penal cada vez que alguien objeta una pregunta a un testigo, el juez consulta a todas las partes para que señalen su posición, y al final presenta su razonamiento para aceptar o rechazar la moción. La mayoría de las objeciones fueron rechazadas.
En esta dinámica se estima que las 48 pruebas del caso serán desahogadas durante varios días con recesos intermedios.
Participan en la diligencia el juez presidente Edgardo Mendoza Falcón, el juez relator Sergio Guzmán Chávez y la jueza tercera Tanya Yamel Alfaro Zapata. La defensa con la presencia de los cuatro inculpados, dos consejeros técnicos de la CEAV, en representación de los familiares del maestro y el chofer asesinados, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en representación de la familia de los estudiantes. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).