Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) reprochó ayer a autoridades de los tres órdenes de gobierno el incumplimiento de diversas obras en la región de la Costa Chica, y exigió su realización, de lo contrario protestará en los próximos días.
En su comunicado Requerimientos y exigencias presentadas en nuestro pliego petitorio Región Costa-Montaña de Guerrero, los integrantes de la organización califican el incumplimiento de sus peticiones como un “atropello, “corrupción y marginación hacia los pueblos indígenas de la Costa-Montaña”.
Refieren que el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, es un ejemplo de cómo el recurso destinado a las comunidades es saqueado “sin pudor”.
Una de las obras inconclusas es la red de agua potable en esa comunidad, y denuncian como responsable al presidente municipal Adair Hernández Martínez y a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) a los que exigen la terminación de la obra “abandonada desde 2023”.
“A pesar de haber recibido un financiamiento de tres millones de pesos del Ramo 33, el presidente municipal no ha cumplido con su compromiso hasta la fecha”, reprochan en su escrito.
Indican que los trabajos financiados por la CAPASEG, “siguen inconclusos y lo poco que se ha realizado es de pésima calidad”.
Advierten que “no permitiremos que la negligencia y el saqueo sigan condenándonos al abandono”, y exigen “transparencia, responsabilidad y el cumplimiento urgente de esta obra fundamental para la vida y bienestar de nuestra comunidad”.
En tanto que al titular de la CAPASEG, Facundo Gastélum Félix le exigen “total responsabilidad por el manejo irregular de la obra de agua potable en Buenavista”.
Denuncian que desde el 2020, empresas bajo su supervisión han intervenido en el proyecto, que lleva ya cuatro años sin concluirse.
“Denunciamos públicamente que esta obra, con una inversión de 45 millones de pesos, constituye un fraude al pueblo. Exigimos el envío inmediato de personal capacitado para inspeccionar el estado de la construcción, la supervisión rigurosa de las empresas responsables y la garantía de una ejecución correcta y definitiva”.
Además, piden al IGIFE del que es titular Benjamín Guinto Nava, la conclusión “inmediata” del estudio técnico para la construcción de la escuela Preparatoria Popular y del preescolar Benito Juárez.
Reclaman al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, el cumplimiento “inmediato” de la construcción de la Casa de la Niñez en Buenavista, “una promesa incumplida desde 2023”.
Refieren que han pasado tres años desde que el compromiso fue adquirido bajo la gestión del comisario, “y hasta hoy seguimos esperando, mientras el titular del INPI prolonga la inacción, escudándose en cada proceso electoral”.
Asimismo, demandan la conclusión de la carretera artesanal que une la comunidad de Cerro Cantón con Buenavista y el inicio “inmediato” del estudio técnico para la construcción del tramo entre el crucero de El Potrerillo y la comunidad de Arroyo Hoja Venado, en el mismo Ejido de Buenavista.
A la titular de la Secretaría de Salud, Alondra García Carbajal le reclamaron que les entregue la ambulancia que les prometió.
“Han pasado cinco meses y el pueblo sigue esperando. Exigimos su entrega inmediata, sin excusas ni retrasos; la salud no es un privilegio, es un derecho”.
En tanto que al secretario de Educación Ricardo Castillo Peña le notifican que la Escuela Secundaria Técnica 227 Manuel Altamirano de Buenavista enfrenta un déficit de dos maestros y una profesora.
Aseguran que todas estas demandas están “presentadas, firmadas y registradas y no hay pretextos”.
También denuncian que varias autoridades locales han reportado irregularidades en la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) correspondiente a 2025.
“El recurso no está llegando completo, y si no está siendo entregado en su totalidad, alguien lo está desviando”, denuncian y exigen una auditoría estatal inmediata para esclarecer el manejo de estos fondos y castigar a los responsables de cualquier acto de corrupción.
Dicen a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria Ariadna Montiel y a la gobernadora Evelyn Salgado, “que si no nos pueden cumplir con lo mínimo que nos corresponde como pueblos, no merecen ocupar esos cargos”.
Convocan a las comunidades de Costa Chica y Costa Montaña, “a prepararse, si no hay cumplimiento inmediato de nuestras demandas se bloqueará la carretera Chilpancingo-Pinotepa Nacional y aparte tomaremos el palacio de gobierno, sino nos resuelven esta semana”.