Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La dirigencia del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (Cipog-EZ) informó que la madrugada del domingo liberaron a cuatro de ocho miembros de la Policía Comunitaria detenidos, y que tres más siguen detenidos, mientras que un menor de edad fue liberado la misma madrugada cuando se realizó el operativo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Los detenidos en Buena Vista de la Salud,  municipio de Chilpancingo, fueron liberados por orden del juez del Centro de Justicia Federal de Acapulco, José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, y José Antonio Maldonado Cisca.
En tanto que siguen presos y acusados por portación de armas de uso exclusivo del ejército, José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral.
La madrugada del 18 de febrero fueron detenidos en una operación del ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal ocho policías comunitarios, pero uno de ellos era menor de edad y fue liberado en las primeras horas de ese mismo días, aclaró la dirigencia del Cipog-EZ ayer.
“Hemos decidido en asamblea seguir movilizándonos, tomar carreteras, y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad los tres compañeros que siguen privados de su libertad, informó la agrupación mediante un boletín de prensa la mañana de ayer.
El Cipog-EZ denunció que durante la irrupción de los militares el 18 de febrero, agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal a la base de la Policía de la Comunitaria de Buena Vista, “causaron destrozos en varias casas y temor entre la población”.
Esa mañana detuvieron a José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del Sistema Comunitario de Buenavista de la Salud, José Maldonado Gómez, segundo comandante del Sistema Comunitario y a los policías Comunitarios José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral.
En su comunicado, la agrupación denunció que los comunitarios fueron detenidos “injustamente”, argumentando que portaban armas exclusivas del ejército y fueron trasladados al Centro Regional de Readaptación Social en Chilpancingo.
La agrupación añadió que por la madrugada del domingo 26 de febrero, “después de varias entrevistas a los delegados, comisarios y promotores de las comunidades que conformamos la casa de justicia de los pueblos fundadores y al Cipog-EZ, se acreditó que los compañeros de Buenavista se integraron al Sistema de Justicia Comunitaria de la CRAC-PC-PF el 16 de enero, para brindar seguridad a su comunidad, por lo que se dejó en libertad a José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, José Antonio Maldonado Cisca.
La agrupación informó que, sin embargó, el Estado “decidió mantener presos a José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, acusándolos de portación de armas de uso exclusivo del ejército”.
La dirigencia de la organización consideró que “es preocupante que los sistemas comunitarios que fueron creados para proteger la vida y la integridad física de las personas de nuestras comunidades, seamos perseguidos, sometidos y víctimas de la fabricación de delitos por parte de quien debería brindar protección”.
Reprochó que el trato que dan “a nuestros hermanos tal como si fueran delincuentes es preocupante, pues los delincuentes son Los Ardillos, Los Rojos, así como las corporaciones del Estado vinculadas a ellos, pero éstos se mueven libremente, asesinan, secuestran, torturan, con total libertad e impunidad”.
La agrupación denunció que los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad, en sus distintos ámbitos y a través de sus dependencias e instituciones, garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; “es lamentable el actuar de las autoridades, no hacen nada por garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, defensores del territorio y medio ambiente”, recriminó la agrupación indígena.
Acusó que los tres niveles de gobierno “son cómplices de los delincuentes conocidos como Los Ardillos y los Rojos” que operan en la región Montaña baja.
La dirigencia de la agrupación advirtió que derivado de las circunstancias “hemos decidido por asamblea seguir movilizándonos, tomar las carreteras y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad de José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, y Guadalupe Echeverría Parral, hasta su inmediata liberación”.
Advirtieron que, en adelante “responderemos a la violencia de los grupos delincuenciales, pero también a la ineptitud y colusión de las instituciones del Estado con los grupos narco paramilitares”
Asimismo llamaron a nuestros a los indígenas e integrantes de organizaciones sociales “a estar atentos, pues vemos una persecución directa en contra de nuestra organización y Sistema de Justicia, no sólo de los grupos narco-paramilitares, sino de las instituciones del Estado, de la Fiscalía, del Ejército, de la Ministerial e instituciones”.