Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo en la primera reunión que sostuvieron en diciembre que tiene un equipo nuevo que va a revisar con detalle los expedientes del caso, y que utilizará tecnología para avanzar en la investigación.
Incluso dijo que la mandataria informó que el equipo ya dio frutos, con detenciones como la Alejandro Palacios Benítez, conocido como El Cholo Benítez, presunto jefe de la plaza de Iguala del grupo Guerrero Unidos, vinculado a proceso en noviembre por la desaparición forzada de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
Consultado vía telefónica sobre las declaraciones de la mandataria el viernes en Acapulco, que refirió avances en la investigación “que ha llevado a nuevas detenciones”, Rosales Sierra precisó que la presidente no les dijo con detalle de la conformación de un nuevo equipo, ni de los avances que le haya presentado sus integrantes.
“Nosotros no sabemos si se está avanzando en alguna línea, porque la reunión que fue la primera con este gobierno, prácticamente abordó la metodología de trabajo, cómo van a trabajar ellos, y en lo que las madres y padres estuvieron de acuerdo es en cómo se restablecía el diálogo con la federación que estaba muy afectado, casi terminado (con el expresidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Recordó que las partes mantenían posiciones inamovibles: el presidente en la negativa de investigar al Ejército, y los padres en esta exigencia. La última reunión con López Obrador sólo fue posible a partir de movilizaciones y presiones.
En la mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que fijaron su posición, “era importante distender y encauzar el diálogo, fue lo fundamental”.
Dijo que al comienzo la reunión estuvo tensa, pero terminó bien en la apertura del canal de diálogo, y que esperan el segundo encuentro la primera semana de febrero.
Expuso que Sheinbaum escuchó y recibió el escrito con la petición de profundizar en tres líneas de trabajo.
La primera sobre todos los documentos que están en los archivos militares, que hablan algunos del paradero de 17 estudiantes, de la participación de distintos grupos delictivos y la implicación de algunos de los propios militares.
Otra línea que tiene que ver con los testimonios que existen, elementos de prueba de posible destino de 17 jóvenes sacados de la cárcel municipal, barandillas, y llevados a las afueras de Iguala.
El tercer eje es la extradición de José Ulises Bernabé, juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala en la fecha de la desaparición, como de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de la investigación inicial.
Reconoció que la presidenta tomó los datos de estas solicitudes que se hicieron por escrito, “estaríamos esperando respuesta en esta reunión que puede ser la primera semana de febrero”.
Sobre las acciones de búsqueda que se han conocido en Iguala indicó que una persona del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan está al tanto y acude de manera permanente en estas acciones.
“Hay búsquedas intensas, el tema es que las últimas que se han estado haciendo son acciones desprovistas de una investigación científica, de utilización de inteligencia, no hay esos elementos, son búsquedas espontáneas, digamos que provienen de informantes volátiles, nomás porque él dice que sabe de tal punto, de tal lugar, se va a ese sitio”.
Criticó que no hay investigación sobre los informantes para verificar la viabilidad y confiabilidad del dato que se recibe, y preocupa que actúen igual que al final de la anterior administración, cuando el diálogo estuvo muy descompuesto y se notaba una urgencia por dar resultados.
Por ejemplo, denunció que hubo búsquedas en donde soslayaron la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), “son los peritos legalmente nombrados por las madres y padres dentro de la carpeta de investigación. En la pasada administración tuvimos sendas discusiones porque la intervención del equipo no es a voluntad del gobierno”.
Aclaró que es distinto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que sí depende de la aceptación del gobierno de México para su permanencia a través de los mecanismos legales.