Sin el seguimiento ni la vigilancia de autoridades federales y estatales, cientos de familias de jornaleros agrícolas salieron este lunes de las comunidades de Chilapa rumbo a los estados del norte del país, principalmente a Sinaloa, en busca de trabajo.
Antes del mediodía, se vio a las familias abordar los autobuses, cargando sus petates, televisores, cobijas, envoltorios y bolsas que son lo poco de valor o lo necesario que pudieron llevarse. Entre los grupos se vieron adultos mayores y, mayoritariamente, niños en edad escolar auxiliando en el traslado de sus cosas a sus padres.
El 6 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que, en el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental, que a pesar de conformar una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de campesinos que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país, ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.
Ayer, no se vio a ninguna autoridad revisando las condiciones de seguridad en que viajan las familias indígenas a los estados del norte del país en busca de empleo.
En Chilacachapa, municipio de Tixtla, a orillas de la carretera Chilpancingo-Chilapa, se vio a mujeres, niños y adultos mayores abordando un autobús. Algunos familiares o vecinos salieron de sus casas a despedirlos. A un costado del autobús, aún se vieron amontonadas sus pocas pertenencias, que serían acomodadas en el portaequipaje.
En Chilapa, tres autobuses estacionados desde la mañana a una cuadra donde el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, esperaban a las decenas de familias que los abordarían después del mediodía.
Sentados en la banqueta, bajo la poca sombra que les proporcionaba la marquesina de una casa, una pareja con su hijo de unos siete años de edad almorzaban tortillas frías con chiles en vinagre, antes de partir hacia su viaje.
–¿Hacia dónde se van, mi amigo? –preguntó al padre de familia un reportero.
– A Sinaloa, –contestó cabizbajo el hombre, visiblemente contrariado y triste.
En los alrededores de dos autobuses, otras familias mataban el tiempo u ordenaban sus pocas partencias en cajas de cartón o bolsas.
Una cuadra más adelante, a orillas del bulevar Eucaria Apreza, cerca del mercado municipal, decenas de familias, algunas madres con sus hijos en brazos, corrían para abordar el autobús. Una joven de unos 20 años cargaba una pantalla y una antena, mientras que un niño de ocho años arrastraba un petate enrollado rumbo al portaequipaje del autobús.
Indiferentes a la escena, pasaron por ese sitio el gobernador, Héctor Astudillo Flores; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el secretario de Educación, José Luis González de la Vega; y el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, acompañados de su séquito de colaboradores, rumbo a una conferencia de prensa en el Zócalo de la cabecera municipal.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó el 6 de noviembre que el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros, “que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California y Nayarit, entre otros, los atropellos en su contra no cesan”.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña denunció “una ola de extorsiones cometidas por parte de policías ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados”.