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Viernes 17 de Mayo de 2024

Guerrero, México

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Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43

Sucedió lo mismo con el GIEI, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la CIDH, recuerda el vocero Melitón Ortega

Lourdes ChávezChilpancingo

Julio 01, 2016

A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.