El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que el organismo ya inició una investigación con información de medios de comunicación sobre la desaparición, presuntamente a manos de policías municipales, de siete personas, de lo contrario incurrirían en una omisión, dijo.
El ombudsman estatal agregó que todavía falta acercarse a los familiares de las víctimas para que interpongan su queja y recabar datos concretos, por lo que les llamó a acudir, aunque dijo que entiende que están siendo atendidos por el gobierno del estado para agilizar la localización.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno manifestó que se abrió un expediente el jueves por este caso, y que se va a solicitar información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ver el trámite que le está dando desde el punto de vista de responsabilidad del Ministerio Público, y de ahí se tendrá que ir haciendo acopio de la información en el expediente.
Aclaró que la Codehum no investiga delitos, lo que corresponde al Ministerio Público, “nosotros haremos un análisis, ya que tengamos todo recaudado, de la responsabilidad que hayan tenido los servidores públicos, en este caso los policías, y responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales serán responsabilidad de la propia Fiscalía establecerlas”, dijo.
A pregunta expresa, aclaró también que “nosotros permitimos que (los familiares de los desaparecidos) continuaran en el proceso de protesta que tenían (el viernes), y a partir de ahí se va a hacer la localización; sin embargo, nos ayuda mucho que se publique esto para que los interesados acudan a la Comisión a presentar sus quejas”.
Abundó que aunque los familiares no acudieran a interponer su queja, la investigación se inicia por oficio, porque son facultades que tiene la Comisión para proceder.
Resaltó que la Codehum incurriría en una omisión e irresponsabilidad si, teniendo conocimiento del hecho, no inicia una investigación, de lo que da pauta la propia ley.
El ombudsman señaló que no ha identificado a los familiares, y por eso mismo los llamó para que se presenten a la Comisión para formalizar las quejas, y aportar todos los elementos que permitan entrar en el estudio a profundidad de cómo sucedieron los hechos.
Agregó que los sábados y los domingos hay guardias permanentes en la Codehum.
También expuso que “la prioridad es la integridad física de los hasta ahora desaparecidos, y por ello nosotros no queremos involucrarlos con carácter de urgente en nuestro expediente, si están aprovechando el tiempo para promover que aparezcan sanos sus familiares”.
Remarcó que en cuanto el organismo tenga completa la investigación, también publicará boletines para su localización, pero que sí es importante que los familiares mantengan el contacto con la autoridad ministerial.
Dijo que este viernes solicitaría a la Policía Preventiva un informe detallado sobre los hechos, como posibles responsables de la desaparición.
“Lo lamentamos profundamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes… se truncan muchas esperanzas cuando muere un hombre joven, un hombre o una mujer, y eso es lo que duele a la sociedad”.
Manifestó que ello implica mayor responsabilidad para la Codehum de estar atenta al desarrollo de las actividades de los jóvenes, seguir impulsando los derechos humanos en torno a la legalidad, a la justicia, y enseñarles los valores para que tengan un pleno desarrollo de su juventud.

Comunicado

Más tarde, la Codehum emitió un comunicado para precisar que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos elaboró el acta circunstanciada 002/2018, y con ello dio inicio a la investigación del caso.
Además, informa que la Primera Visitaduría General requirió información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, en torno a la detención y posterior liberación de los dos jóvenes, luego encontrados asesinados.
Añade que el objeto de la investigación de la Codehum es determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir los policías preventivos, y que la investigación de los delitos que posiblemente se hayan cometido es competencia de la FGE.
Finalmente, manifiesta su respaldo a las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, para garantizar la seguridad pública de los capitalinos, y “pugnando porque todas las acciones  sean con estricto respeto a los derechos humanos”.