Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera declaró que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía FGR) “diseccionó, discriminó” y no envió el expediente completo del caso Ayotzinapa que le entregó la procuraduría estatal al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.
Según Blanco Cabrera, quien era procurador de Justicia estatal cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, eso derivó en que el juez Samuel Ventura Ramos absolviera al alcalde José Luis Abarca Velázquez, a su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, al jefe de la policía Fausto Bruno Heredia, y a 17 policías municipales.
La resolución del juez fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Tamaulipas.
El Juzgado y el Tribunal Colegiado exoneraron por delincuencia organizada y secuestro agravado de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los funcionarios y a los policías municipales, cuyas investigaciones iniciales y detención de los policías corrió a cargo de la Procuraduría estatal.
En declaraciones por teléfono, el ex procurador informó que tuvo acceso a la sentencia y que tanto el juez como el Tribunal de Alzada hacen observaciones por cuanto hace a las detenciones, sobre todo en cuanto a la flagrancia y ponen en duda si éstas fueron legales o no.
Además, el Tribunal de Alzada, cuestiona pruebas que fueron obtenidas, según su argumento, de manera ilícita y, que, por consiguiente, están afectadas de nulidad, dijo Blanco Cabrera.
Pero agregó que tanto el juez como los magistrados soslayan, “o no tomaron en cuenta que hay muchas otras pruebas que están limpias y que no fueron afectadas de nulidad y no fueron obtenidas mediante tortura o con abuso de autoridad”.
Aclaró que estas observaciones se generaron porque la entonces Procuraduría General de la República, “diseccionó y discriminó inadecuadamente los datos de prueba, y no le envió el expediente completo al Juzgado, sino sólo aquello que estimó que era necesario para justificar el ejercicio de la acción penal federal”.
Es decir, de acuerdo al ex funcionario, no se envió la averiguación previa completa que se integró en el fuero común.
Entre las observaciones que derivaron en la exoneración de los policías y sus jefes por parte del juez Ventura Ramos, y que ratifica el Tribunal de Alzada, está el argumento de que la detención se acordó de manera irregular; “están diciendo que no se acordó previamente la detención, pero eso es falso, porque sí hubo un acuerdo de detención por caso urgente, y posteriormente se acordó la retención y se hizo valer el término de 24 horas”, aseguró el ex procurador.
Iñaki Blanco añadió que el juez y los magistrados no tuvieron presente los tiempos, es decir que en un primer momento se solicitó una localización y presentación, después se acordó la detención por caso urgente, “esto es que los elementos que se estaban deteniendo podían sustraerse, que eran peligrosos y que no había en ese momento una autoridad que pudiera emitir una orden de aprehensión”.
Recordó que hasta hubo la necesidad de trasladarlos a Acapulco dado que en Iguala no había condiciones para que el Ministerio Público estuviese trabajando.
“En su momento hubo una manifestación y de eso dan cuenta los chats de Chicago, Estados Unidos, por las intervenciones telefónicas de la DEA, donde Guerreros Unidos le ordenan al Gil (Gildardo López Astudillo) que le llame a los mineros, a los de transportes y a los comunitarios para que se manifestaran, a fin de que se soltara a los policías que ya habían sido detenidos”.
Insistió que por estas condiciones imperantes hubo primero un acuerdo de detención y luego el de retención, “pero parece indicar que la PGR, solo les hizo llegar el acuerdo de retención, porque es sobre eso que se están pronunciando”.
Pero dijo que no se tomaron en cuenta los tiempos, “que es fácil de entender; a los sujetos se les detuvo la madrugada del 27 de septiembre y para el día 29 ya se les estaba consignando, por eso a mi me parece que la PGR en su momento no le entregó el expediente completo a Ventura Ramos y que por eso se pronunció en esos términos por lo que hace a las detenciones”.
Para el ex procurador, la PGR (o FGR) incurrió en un problema de técnica jurídica, porque debió enviar la averiguación previa completa.
Al no hacerlo, reiteró, propició que el juez haya dicho: “aquí hay un acuerdo de retención, pero debieron haber decretado previamente la detención”. No obstante Blanco Cabrera insistió que sí se decretó la detención, pero la PGR no la envió.
El ex procurador, declaró que la FGR actual aún está en condición de hacer valer el ejercicio de la acción penal por delincuencia organizada.
Aclaró que independientemente de esa causa penal federal por delincuencia organizada y secuestro agravado, está la consignación que se hizo en el fuero común y que esta no es parte de la causa penal, porque la del fuero común tiene que ver con los homicidios, lesiones y daños, misma que sigue en proceso.
Dijo que incluso en la sentencia del juez Ventura Ramos se señala que “no está acumulada la causa penal y la consignación que formuló la Procuraduría de Guerrero, es decir que esa causa se sigue ventilando en el fuero común”.
Explicó que los 17 policías absueltos en la causa penal federal son de un total de 27 que consignó la Procuraduría estatal por los delitos del fuero común de los que no han sido absueltos ninguno y seguirán detenidos todos.
“Si bien es cierto hay algunos sujetos mencionados en esta sentencia que guardan correspondencia con los que nosotros detuvimos, no son la totalidad, hay más, nosotros posteriormente ampliamos el ejercicio de la acción penal y es cuando fuimos por (Alejandro) Tenescalco, por (Francisco Salgado) Valladares y por Felipe Flores, a la par de (José Luis) Abarca que tuvimos que desaforar previamente”.
Explicó que estas fueron consignaciones posteriores.
“Los policías absueltos por el fuero federal son 17 de los primeros 22 que consignó la Procuraduría del estado, después se consignó a otros cinco, estamos hablando de 27 en total, en consecuencia, (los absueltos) son 17 de los 27 que consignó la Fiscalía del estado” e insistió que todos siguen un proceso en el fuero común.
Blanco Cabrera también cuestionó que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, haya exonerado al alcalde de Iguala José Luís Abarca por delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
“Se pasan de listos los jueces, dicen que no existen los Guerreros Unidos, que la FGR no probó su existencia, ¡por Dios!, aportaron entre otros elementos los chats de Chicago que tienen que ver con una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, aportaron sentencias de integrantes de Guerreros Unidos, como Toribio Rentería y Mario Casarrubias, me parece que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene razón cuando dice que se requiere una reforma integral en el Poder Judicial porque ahora son más papistas que el Papa).
El extitular de la Procuraduría estatal, fue señalado en su momento por sus vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y de haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, motivo por el cual se libró una orden de aprehensión en su contra, pero en septiembre del año pasado la FGR se desistió.