Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización Amnistía Internacional (AI) desde sus oficinas en México, expresó su “profunda preocupación” por la Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala.
Señala que el organismo, “en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos, respalda la actuación del Estado y deslegitima el trabajo de mecanismos internacionales y organizaciones que han acompañado a las familias de los 43 estudiantes” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.
El viernes pasado, la CNDH dio a conocer una segunda recomendación del caso relacionado con los ataques a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en la que deslinda de responsabilidad total al Ejército mexicano y da un vuelco al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su posicionamiento, AI critica que esta resolución “debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia, en uno de los casos más graves de desaparición forzada en México”.
Señala que la CNDH en lugar de investigar “de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado”.
“La organización lamenta que, mediante la Recomendación 208VG/2026, la CNDH deslegitime el trabajo de instancias internacionales como el GIEI, así como de organizaciones de la sociedad civil que, durante años, han acompañado a las familias en su incansable búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Para Amnistía Internacional resulta “especialmente preocupante que la recomendación deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso y a los obstáculos que la propia institución ha impuesto para el esclarecimiento de los hechos, mediante la falta de transparencia y la negativa a entregar información”.
El organismo Internacional, insiste: “Esta resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México”.