Lourdes Chávez

Chilpancingo

El 6 de noviembre el preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González cumplirá cuatro años privado por su libertad debido a su defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del estado de Guerrero.
Entrevistado en la cárcel de Chilpancingo subrayó que esta norma, que ampara a todos los pueblos de Guerrero para organizarse, ha costado sangre de luchadores y policías comunitarios, y su análisis debe retomarse en el Congreso del estado.
Llamó a la CRAC y a las comunidades indígenas y rurales a luchar para proteger los derechos señalados en la legislación, ante la política fascista del gobierno.
Mencionó que si la ley se pierde debido a la omisión del gobernador Héctor Astudillo Flores y diputados locales, los derechos de los pueblos están consagrados en el Artículo Segundo Constitucional y podrán ejercerlos.
No obstante dijo que si los diputados respetan a la población, se abocarían a mejorar la ley y armonizar los sistemas normativos de las comunidades indígenas con el sistema judicial, para evitar las controversias que llevaron a varios integrantes de la CRAC a la cárcel, en un periodo de represión que pretendía la destrucción de la institución de seguridad y justicia.
Pese a que las lagunas legales fueron despejadas en amparos de jueces federales, tres siguen prisioneros: Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, por una decisión política, insistió.
A la fecha está en comisiones legislativas una iniciativa de la CRAC y organizaciones sociales impulsadas por el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, y otra del gobernador, para establecer desde la Constitución Política del Estado la autodeterminación de los pueblos originarios.
Molina González ratificó que la Ley 701 no es exclusiva de la CRAC, incluso un proyecto comunitario distinto puede acogerse a ella, por lo tanto todos los pueblos deben sumarse a su defensa.
Opinó que ante la violencia y asesinatos de luchadores, el más reciente el del fundador del PRD Ranferi Hernández Acevedo, el movimiento social requiere de hombres firmes, particularmente en tiempos electorales en que los políticos van a tratar de abonar a intereses particulares y empresariales, para dar paso a las mineras.
Señaló que “en todo el estado hay ejecuciones, desplazados, a la base de El Fortín, (grupo de la Policía Comunitaria en Tixtla), nos golpearon (varios de sus integrantes han sido asesinados en cuatro años). Son muestras claras del fascismo”.
Puntualizó que si sigue en prisión es por la defensa de la Ley 701, pues antes de su aprehensión con una veintena de comandantes, coordinadores, consejeros y policía comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, “había un despertar de las conciencias”.
Indicó que en 2013 a los lugares a donde la CRAC-PC acudía a promover la organización de la Policía Comunitaria, “nos identificaban y creían en nosotros”. Confió en que todavía se mantiene la credibilidad de esa organización.
Cuatro años después y tres gobernadores distintos, dijo que “hay mucho temor por las bajas que han sufrido. ¿Qué se necesita para recobrar la confianza?, asumir la responsabilidad individual de conocer y enfrentar las adversidades”.
Insistió en que el pueblo tiene que salvarse a si mismo, no lo harán las autoridades, a propósito del segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, ayer, “no hay orden ni la paz prometida en campaña”.
Aunque parece una posibilidad lejana, propuso la creación de tribunales populares para los políticos que se hacen millonarios desde las comunidades.
“Hay mucho robo a la nación, debemos evidenciar cómo se llevan tanto dinero, demostrar la ola de corrupción”, expuso.
Pidió respeto a los presos de la CRAC-PC para que ningún personaje u organización hable o negocie con las autoridades en su nombre.
Dijo que la CRAC debe de llamar a sus familiares en caso de acercamiento con las autoridades, para que sean partícipes de los diálogos. Consideró que hubo personajes que abusaron y sacaron provecho con esta causa.