Karina Contreras

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra señaló que la detención de los siete agentes estatales y los dos policías municipales de Iguala por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) es un avance considerable, pero no es de un “gran calado” que ayude a saber lo que pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló que la responsabilidad que se les imputa concretamente es por la desaparición tortura y asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes y la orden de aprehensión la liberó el juez federal de procesos penales del Estado de México, Enrique Santez Beltrán y ante él fueron consignados los nueve policías detenidos.
Indicó que lo fundamental para los padres es saber qué pasó el 26 y 27 de septiembre y dónde están los estudiantes y esa información la tienen el Ejército mexicano quien podría esclarecer la desaparición de los 43 normalistas
La tarde de este jueves, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de Acapulco, padres de los 43 y estudiantes de Ayotzinapa se reunieron con organizaciones sociales para tratar diversos puntos y trazar una serie de acciones que seguirán.
La reunión fue privada, pero se permitió a los reporteros saber la postura sobre la detención de los 9 policías estatales y municipales, de los cuales a dos agentes estatales detenidos se les acusa del delito de tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes.
Fue Vidulfo Rosales como abogado de los padres de familia quien dio la postura y señaló que con esta detención “acceden a la justicia los familiares de Julio César Mondragón Fontes, abona al esclarecimiento de ese crimen atroz en contra de éste, pero no es una detención de gran calado que coadyuve a saber qué es lo que pasó el día 26 y 27 de septiembre ni que abone a esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Añadió: “Nosotros creemos y lo voy a decir con toda claridad, el día 27 de septiembre tenemos reunión con el gobierno federal y pretende llegar a esa reunión con resultados y los resultados que nos va a dar es estas detenciones que se llevó a cabo”.
Recordó Vidulfo Rosales que el pasado 22 de febrero se reunieron con autoridades federales, cuyo diálogo fue ríspido y fuerte, y el reclamo toral se centro en “la reactivación de las 16 órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano y la información que deba de brindar a la voz de ya”.
Dijo que ese fue un planteamiento muy ríspido, muy tenso y los padres dieron un emplazamiento para que a la reunión de septiembre lleguen con respuestas claras.
Señaló que no hay voluntad de parte del gobierno para reactivar esas órdenes de aprehensión contra los efectivos del Ejército y fue claro cuando el fiscal para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dijeron que se “necesita tiempo y pruebas para poder reactivar las órdenes de aprehensión, que hubo una recomendación de asuntos internos en el que decía que había debilidad probatoria contra esos 16 militares y que por eso estaban reuniendo pruebas ellos para poder reactivar esas órdenes de aprehensión”.
Vidulfo Rosales subrayó que eso es falso, que no se necesitan más pruebas para poder reactivar esas órdenes de captura porque esas ya las emitió el juez Enrique Santez Beltrán, ya valoró las pruebas que hay en el expediente y en base a esa valoración probatoria “ya obsequió la orden de aprehensión”.
Agregó que el ministerio público “tiene la facultad de decir que se cancelen esas órdenes porque no convienen a sus intereses; (dice) no quiero que siga el curso de la acción penal y entonces las canceló. Están suspendidas, el ejercicio de la acción penal de este hecho, la valoración del juez de la responsabilidad prima que tienen estos 16 militares está otorgada”.
Dijo que lo que tiene que hacer la Fiscalía es un documento y decir que se reactivan las órdenes de aprehensión y con eso “se tendría bastante para que se vuelvan a reactivar. No tendría que hacer un nuevo ejercicio porque el juez ya otorgó las órdenes de aprehensión, solamente un órgano superior, es decir el Tribunal en segunda instancia le cancelará al juez las órdenes de aprehensión, entonces sí tendría que avocarse el MP a fortalecer esa acción penal y eso no ha sucedido, porque están firmes y lo único que hizo la Fiscalía es cancelarla, pero, si ella decide reactivarlas lo puede hacer, con un simple escrito con el juez y decir que reactiva las órdenes de aprehensión y se pueden detener a los militares”.
Añadió el abogado que si el fiscal quiere se pueden reactivar “mañana (hoy), pero obviamente no se hará porque es una decisión política, el jefe del Ejecutivo decidió cancelar esas órdenes de aprehensión porque se afectan los intereses del Ejército, se sintió presionado el Ejército y está poniendo contra las cuerdas al gobierno federal, ha logrado decirles que retire esas órdenes, que las cancele, por eso se cancelaron por una decisión política, no jurídica”.
Reiteró que por eso emplazaron los padres de los 43 a las autoridades para que a la reunión de septiembre se presenten con resultados de la reactivación de esas órdenes de aprehensión o no tiene caso seguir sentados en la mesa y “creemos que ante ese emplazamiento ahora van a llegar y van a decir que el tema de la reactivación no se pudo, pero que no se preocupen tenemos 9 policías detenidos, estamos avanzando y dando resultados”.
Aseguró que esas detenciones representan un avance en los “términos del acceso a la justicia, porque avanza el tema de Julio César Mondragón, pero en lo medular y esencial que tenemos sobre la mesa no se está avanzando. A menos que el 27 de septiembre nos digan que ya se reactivaron las órdenes de aprehensión y de inmediato van a ser detenidos los militares. Yo creo que eso marcará una ruta diferente en el diálogo con el gobierno federal que tenemos”.
Insistió que las órdenes de aprehensión contra efectivos del Ejército son importantes, pero es donde están atorados, “y no hay posibilidades de que el Ejército mexicano dé esa información, porque si esa hoja de transcrito está diciendo que a las 10 de la noche del día 26 se estaban llevando a nuestros compañeros a una fosa, pues eso hablaría de que ubicaríamos al paradero de al menos 38, es un tema relevante”.
El abogado señaló que si el Ejército fuera transparente y pusiera todos los archivos que hay en el Centro Regional de Difusión de Información, que los abriera y los pusiera a disposición de la Fiscalía General de la República se esclarecía el caso Ayotzinapa.
“Sí el Ejército no tiene nada que esconder, que abra los archivos y que ponga todo lo que tenga relacionado con la desaparición de los jóvenes a disposición de las autoridades para que lo investiguen, pero no hay esa posibilidad. La posición del Ejército, es decir: Nosotros no tuvimos nada que ver, no tienen porque estar señalando, no tienen porque estar diciendo que nosotros participamos; cuando ya hay una orden de aprehensión”.
Finalmente, el abogado de Tlachinollan, subrayó que el gobierno federal “trata ya de cerrar el caso, en decir: Es lo que ocurrió, ya no hay más, esto es lo que pasó; esa narrativa de ellos dice que los muchachos fueron divididos en varios grupos y asesinados, que participaron varios militares”.