Luis Daniel Nava

Chilapa

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) está interesada en revisar el caso del asesinato de su hermana Rocío, perpetrado el 19 de octubre de 2013.
Pidió que si el gobierno de Evelyn Salgado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos tienen voluntad de investigar, tienen que crear una fiscalía especial para los casos de activistas sociales asesinados “extrajudicialmente”.
También reveló que Orlando Ávila Mesino, integrante de la organización y preso desde 2012, será liberado en una o dos semanas, y dijo que espera que Antonio Barragán Carrasco obtenga el indulto antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La líder social fue entrevistada en Chilapa el sábado después de la conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado.
A propósito de los 10 años que cumplirá el homicidio de su hermana Rocío Mesino, informó:
“El 19 de octubre se cumplen 10 años de impunidad del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino y está vigente la demanda de justicia como un derecho irrenunciable”.
Adelantó que el 18 de octubre en el Zócalo de la cabecera de Atoyac se presentará el documental Rocío de la Esperanza, que retrata su lucha y obra en la organización. También habrá bailes, poesía, canto y una exposición fotográfica.
El 19, agregó, se realizará una ofrenda floral, un acto político y la develación de un mural realizado por Oscar Montalvo, El Tecuán, en la comunidad de Mexcaltepec donde fue privada de la vida mientras atendía un comedor comunitario.
En la entrevista, Norma Mesino reveló que hace dos semanas un comandante de la FGE se acercó a la organización para decirles que el gobierno del estado está interesado en revisar el caso de Rocío.
“Se acercó a nosotros para decir que el gobierno del estado está interesado en investigar el caso de Rocío Mesino, y que le presentáramos todas las pruebas para que ellos pudieran investigar”.
“Le decíamos que todas las pruebas y evidencias fueron destruidas por las instancias de procuración de justicia, violaron el derecho de los familiares cuando fueron a dar su testimonio, fueron hostigados, presionados”.
“Hubo un retrato hablado (del asesino), hasta la fecha nunca se ha visto un avance de eso. Todos los videos de los lugares públicos nunca fueron solicitados por la Fiscalía”.
“Ellos querían darle seguimiento al caso, pero se habían borrado muchas evidencias en el 2013”, dijo.
Detalló que en ese tiempo no fueron protegidos los lugares donde los asesinos dejaron sus huellas y que la moto en la que viajaban fue hallada por la Policía Municipal, que la entregó a su dueño.
“La Policía Municipal no fue investigada, no la puso a disposición y el Ministerio Público no la solicitó. La cadena de custodia no fue protegida, resguardada”.
En ese año, recordó, era alcalde Eric Tabares Cisneros, gobernador Ángel Aguirre Rivero y procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Mencionó que recientemente las autoridades dijeron que el responsable del homicidio había sido el crimen organizado, pero se retractaron, y a 10 años no hay ningún responsable, culpable o procesado.
Norma Mesino hizo un llamado a que si la gobernadora o la fiscal realmente tienen voluntad de investigar, “tienen que buscar una fiscalía especial que se encargue de investigar los casos de activistas sociales que fueron asesinados”.

La liberación de Orlando

También informó que Orlando Ávila Mesino, acusado de un asesinato por un sujeto que no lo conocía bajo tortura, cumplió 12 años preso y que está por salir por una reducción de condena.
“Orlando debió ponerse en libertad, pero el poder Judicial jamás va aceptar que estuvo preso durante 12 años de manera injusta, no lo va a reconocer. Era la libertad o la sentencia mínima, se fueron por la sentencia”.
“Cuando salga vamos a desenmascarar al poder Judicial”, dijo.
Se refirió al caso de Antonio Barragán Carrasco, otro integrante de la organización detenido en 2001 sin orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro.
Se está solicitando el indulto y esperan que se dé antes de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su fundación en 1994, la OCSS tiene un recuento de 35 asesinados, cuatro desaparecidos, más de 100 familias desplazadas y decenas de encarcelados por delitos fabricados.
Sus demandas han sido servicios, salud y educación, el alto a la represión policiaca y a la tala inmoderada encabezada por caciques de la región. Además, la presentación y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia, muchos de ellos parientes de los integrantes de la organización.