El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, declaró ayer por teléfono que la operación de los gobiernos federal y estatal en las comunidades nahuas de Chilapa, no resuelve el problema de fondo, “porque no vienen a perseguir, detener, ni a desarticular al grupo delictivo que nos ha estado atacando”.
El martes pasado el Gobierno federal anunció una aparatosa operación integrada por 690 soldados del Ejército, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 de la Policía Estatal, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
A tres días de que se anunció en las comunidades nahuas de Chilapa que han venido siendo atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, Plácido Galindo informó que en la reunión del miércoles en la que estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, no firmaron ningún compromiso para garantizar la seguridad de las familias de los pueblos atacados.
“Nomás fueron palabras, no firmaron las autoridades ni los representantes de los desplazados ningún documento, fue solamente una visita de cortesía para decirles a las víctimas que les van a abrir las escuelas, a mandar maestros y que van abrir hospitales, pero estas demandas ya están establecidas en convenios firmados anteriormente y que no se han cumplido”, denunció Plácido Valerio.
Recordó que en convenios como éste, anteriormente, los gobiernos estatal y federal se han comprometido a construir un banco del Bienestar en Alcozacán, además, un centro de salud ampliado y un mercado interno, “pero de todo lo que se comprometieron anteriormente no han cumplido nada a las comunidades, y ahora vienen con lo mismo”.
Con respecto al problema de violencia, concretamente, el dirigente del Cipog-EZ señaló que la operación que se anunció “no garantiza la solución del problema de fondo”.
Declaró que es insuficiente y que no resuelve el problema de la violencia de fondo; “para resolverlo se tiene que desarticular a ese grupo y detener a los cabecillas para garantizar la paz”.
Agregó que también se tiene que aplicar, como en otros estados del país, una operación Enjambre contra las autoridades municipales que están vinculadas con el crimen organizado “y que han estado apoyando al grupo delictivo que ha estado atacando a las comunidades nahuas”.
Reprochó que, al respecto, no hay una postura firme de los gobiernos federal y estatal para combatir al crimen organizado, “para ellos nomás es dialogar y dialogar, pero las ejecuciones y desapariciones siguen, porque las acciones sólo son mediáticas”, denunció. (Redacción / Chilpancingo).