La tendencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación a la Policía Federal fue de total omisión y de negar la participación de los agentes en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
Ahora están plenamente identificados dos policías federales para quienes hay órdenes de detención por su participación en la desaparición forzada de los normalistas, confirmó el defensor en consulta telefónica.
Recordó que pese a los testimonios de los alumnos sobrevivientes de los ataques, la primera vez que aparece la Policía Federal en el caso Iguala es en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya buscaba pero “sin mucha fuerza”, para que ameritara una acción penal.
Esa línea de investigación se fortaleció en la CNDH y los expertos internacionales lo retomaron en su segundo y último informe de trabajo, con más elementos para señalar la coordinación de la Policía Federal con la Policía Municipal para evitar a toda costa la salida de autobuses de la ciudad.
Ahora, consideró que el reto de la PGR es convertir esa información en una línea de investigación, porque sigue siendo motivo de discusión en las reuniones mensuales de seguimiento, donde la dependencia tiene que dar cuenta de los avances de las indagatorias.
Explicó que la demanda constante es que se retomen todas líneas de trabajo que sugirió el GIEI, pues la percepción de los padres y abogados es que el gobierno federal va a regresar a su tesis principal, que los policías municipales entregaron al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a los 43 alumnos de Ayotzinapa.
El GIEI estableció que hubo una amplia y compleja coordinación de los cuerpos de seguridad de Iguala con las policías de Cocula y Huitzuco que se extendió hasta Mezcala, en los ataques a los normalistas, al equipo de fútbol Los Avispones y a ciudadanos en general.
En el menor de los casos, los agentes del Estado tuvieron conocimiento en tiempo real de las agresiones y sus consecuencias, según las investigaciones.
Rosales Sierra indicó que otra exigencia es que se investigue la telefonía celular, a cuyos contenidos podrían tener acceso mediante especialistas, sin embargo la PGR también fue omisa en indagar las comunicaciones.
“Soslayó todos los elementos científicos y se basó en las confesiones de los inculpados que se refieren al basurero del río Cocula”, tesis fue descartada por distintos equipos de peritos independientes.
Informó que hay registros de siete teléfonos celulares de estudiantes desaparecidos, y de un número similar de inculpados que registran actividad en el transcurso de la noche, de los cuales técnicamente es posible conocer su contenido.
Reveló que ya hay un conjunto de empresas especialistas en telefonía que contrató la PGR de manera conjunta con el GIEI, que hicieron los primeros estudios y ellos explicarían a los padres los pormenores de la información.
Sin embargo la reunión con estos expertos aún no se ha definido.
El compromiso de la procuradora Arely Gómez con los padres fue que en la siguiente reunión les proporcionaría la fecha para recibir la explicación de los especialistas.
El abogado aclaró que no hay plazos para reunirse de nueva cuenta con la procuradora o con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que también han demandado) por lo desbordado del conflicto magisterial, el desalojo a balazos en Nochixtlán, Oaxaca.
De la telefonía opinó que estas comunicaciones ya se hicieron y quedaron registradas, “no se borran con facilidad”, sin embargo aún no saben qué clase de datos pueden obtener, “se tienen algunas claves, indicios de que sí es posible tener el registro de las comunicaciones de los inculpados”.
Distinto a las videograbaciones de las cámaras de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia, evidencia de uno de los ataques un grupo de normalistas desaparecidos, que se perdió o destruyó por las autoridades.