Activistas y promotoras de los derechos de la mujer en los municipios de la Montaña baja lamentaron el asesinato de su colega María Luisa Ortiz Arenas y exigieron que este caso no quede impune como todos los registrados en Guerrero.
Ayer Brígida Chautla, Luisa Aurora Reyes, Libni Iracema Dircio e Iris Flores de la organización promotora de los derechos de las mujeres nahuas en Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, Zihuame Xotlametzin (Mujer luciérnaga), y de la Casa de la Mujer Indígena (Cihuachicahuac) ofrecieron una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Sobre los 9 homicidios en el municipio en 2018, Brígida Chautla lamentó los hechos y pidió a los tres niveles de gobierno hacer cumplir los convenios internacionales para garantizar los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
“Lamentamos mucho que pasen estos hechos, no deberían de pasar aquí ni en otro lugar, nosotros esperamos que haya armonía, se debe respetar la integridad física y en este caso a las mujeres.
Además exhortó a las autoridades a que se investigue el asesinato de María Luisa Ortiz Arenas y que se actúe de manera imparcial y que se cumpla la ley.
“Todos los casos (de feminicidios) han quedado impunes, que se investigue hasta esclarecer los hechos”, expresó.
Las integrantes de Zihuame Xotlametzin revelaron que su trabajo ha mermado a causa de la inseguridad. “En verdad eso sí nos está afectando, en Zitlala por ejemplo hay dos comunidades donde dos compañeras son parteras y promotoras de salud que se les ha complicado para venir apoyar”.
“Incluso ellas acudían a realizar guardias para recibir a las embarazadas que llegan y se les ha dificultado salir”, mencionó.
Añadió que la crisis de violencia en la región ha afectado el horario de sus talleres de capacitación para la salud materna de la mujer y han reducido sus horarios.
“A raíz de esta situación (de violencia) tenemos que agilizar (los talleres) y las compañeras tienen que irse temprano o algunas de ellas se les complica ir”.
Las activistas también denunciaron que las mujeres de la zona rural viven una discriminación laboral en sus comunidades donde trabajan el campo, cuidan sus animales y elaboran artesanías.
Señalaron además que las mujeres que emigran encuentran trabajos en casas o empresas donde las hacen trabajar al menos 10 horas con un sueldo de 100 a 140 pesos, sin prestaciones y a voluntad de sus empleadores.