Por el ataque armado en la comunidad de Buena Vista de la Salud el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que el Congreso local debe de legislar para que las autodefensas ciudadanas sean reguladas porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan violaciones.
Consultado al finalizar la entrega de actas nacimiento en el Ayuntamiento de Chilpancingo, Ramón Navarrete dijo que es un tema que ha tratado desde hace tiempo, “desgraciadamente” se ha sufrido una transformación no para bien con las policías comunitarias y la sociedad no tiene la misma percepción que tenía cuando surgieron.
Manifestó que ha procurado que la Codehum sólo intervenga en los casos para implementar una mesa de trabajo para el entendimiento, porque el resto de la situación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Agregó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) le toca accionar si se comete algún delito, y lo que ha visto es que hay delitos que deben de ser sancionados, “pero espero que sean las autoridades encargadas de la justicia y seguridad que sancionen”.
Abundó que la Codehum está limitada porque pese a que se autonombran como policías comunitarias o ciudadanas no tienen la característica legal, y la comisión no puede intervenir porque no son consideradas como autoridad.
Destacó que “son ciudadanos armados y dentro del marco jurídico son ciudadanos armados” porque un policía institucional devenga un salario del servicio público que prestan.
Ramón Navarrete dijo que los ciudadanos armados que se autodenominan comunitarios no están regulados por la Ley 701, la cual sólo opera en San Luis Acatlán, porque la legislación no se extiende a comunidades que están en las zonas urbanas.
Manifestó que siempre ha dicho que el Congreso local deberá de tomar una decisión respecto y legislar por las policías comunitarias porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan faltas.

Le designan escoltas

Ramón Navarrete dijo que la designación de dos escoltas de seguridad fue una decisión que se tomó en el ámbito nacional tras el asesinato del defensor de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
Precisó que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos determinó que por conducto de los gobernadores los defensores de todo el país deberían tener seguridad.
Dijo que “se pretende que sea una custodia discreta, es meramente simbólica porque dos personas no pueden dar seguridad completa, sólo está siguiendo un protocolo que a nivel nacional se instituyó”.