A un año de la desaparición del defensor de derechos humanos, Héctor Jaimes Abarca, no se tiene ningún indicio de su paradero, ni del de su hermano Jorge y de los más de 50 desaparecidos de Chilapa denunciados ante dependencias federales de procuración de justicia, denunció la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
En conferencia de prensa en las instalaciones de La Red en la capital, el defensor de derechos humanos, Manuel Olivares leyó un comunicado para informar que los familiares exigen que se investigue a fondo el paradero de Héctor Jaimes Abarca y de todos los desaparecidos, y que se atiendan las recomendaciones que han dado los expertos sobre cómo hacer búsquedas e investigaciones de desaparecidos.
Asimismo, exigen que se brinde una verdadera atención integral a los familiares y se ataquen las causas de la macrocriminalidad que han sometido a la población y han impuesto su poder por encima de las leyes.
Hoy, Héctor Jaimes cumple un año desaparecido, su mamá, María del Carmen Abarca se ve destrozada y cansada, sus ojos están llenos de lágrimas por no saber del paradero de sus hijos, ya que el 9 de mayo desapareció Jorge Jaimes Abarca de 18 años, hermano menor de Héctor.
En la conferencia, Olivares habló del perfil académico y laboral de Héctor, quien tiene 30 años, es colaborador del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa, y antropólogo social por la Universidad Autónoma de Guerrero.
Una semana antes de desaparecer Héctor comentó a sus familiares que sentía que lo perseguían, y que pensaba que se debía a su trabajo en la elaboración de un video sobre el pan en Chilapa, porque en algunas comunidades le pidieron que no grabara película de esos lugares.
El 18 de marzo, Héctor Jaimes regresaba de Chilpancingo; se dirigía al sitio de Urvan de Chilapa aproximadamente las 7 y media de la noche. En ese trayecto fue donde desapareció.
Manuel Olivares acusó que el gobierno ha optado por la militarización sin implementar una estrategia integral de búsqueda de los desaparecidos y en un equipo multidisciplinario que avance en las investigaciones.
Ante los nulos resultados obtenidos pese la presencia continua de militares y policías, los familiares de las víctimas se encargaron de la búsqueda, pero las autoridades no les brindan las medidas de protección adecuadas.
Los familiares de los desaparecidos en Chilapa, a casi un año de ocurridas, manifestaron que no ven un verdadero compromiso con las víctimas, y que sí ven grandes limitaciones en su estrategia bélica y una marcada ausencia de una estrategia que ataque de fondo la macrocriminalidad y el ambiente de impunidad que impera.
En su intervención la mamá de Héctor dijo que no sabe nada del paradero de su hijo, “y del chiquito (Jorge) se cumplirán 10 meses que no sé”, y pidió a las autoridades que hagan algo.
“Que se pongan a trabajar, porque es mucho lo que está pasando en Chilapa, hay muchos muchachos levantados, y se los llevan para no saber nunca más de ellos; lo que nosotros sabemos es que están vivos, por eso queremos que los rescaten donde los tengan”, enfatizó.
El vocero de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que lo que se vive en Chilapa es lamentable, “porque es de violencia extrema”, y que los afectados son de la clase más marginada.

Familiares de otros 37 desaparecidos no denuncian por temor

Expresó que el caso de Chilapa es muy especial porque tienen registrados 57 desaparecidos, pero hay una lista adicional de 37 cuyos familiares no denuncian por temor.
Díaz Navarro dijo que lograron becas alimenticias para los familiares de los desaparecidos porque la mayoría son madres y esposas que no tienen ingresos, “logramos pedirle al gobernador 40 becas alimenticias de dos mil pesos mensuales”, pero denunció que no las han recibido desde hace tres meses.
El vocero de Siempre Vivos recriminó que las autoridades quieren que los familiares de los desaparecidos les digan quiénes son los delincuentes y dónde están, “nos vemos vulnerables porque, si denunciamos corremos el riesgo de que nos levanten”.
Recordó que el 14 de mayo de 2015 vieron a los delincuentes apoyados por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, “son sus hermanos los líderes de este grupo delincuencial, fueron los que encabezaron la irrupción en Chilapa”.
Manuel Olivares dijo que no es labor de los familiares de los desparecidos hacerla de policías, porque le corresponde al gobierno, y exigen que investiguen y den con los responsables, “lo que vemos que la estrategia del gobierno es distraer a las personas, porque no dan respuesta de los avances; 3 mil militares no han sido capaces de dar con el paradero de algún desaparecido”.
Consideró que se está repitiendo la misma estrategia del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque los que están atendiendo el problema de Chilapa, a nivel federal son los mismos, dan la misma respuesta, que no hay nada de avances.
Las dependencias a las que se les ha encargado la investigación y búsqueda de los desaparecidos son la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Búsqueda de Personas dependiente de la Sub Procuraduría de derechos humanos de la PGR, que siempre responden que no hay avances.
“Las autoridades le siguen apostando al olvido, al cansancio y a la resignación, en lugar de dar con el paradero de los desaparecidos. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), no está haciendo su trabajo, tal vez porque las autoridades quieren que los familiares hagan presión”, enfatizó Manuel Olivares.
Los familiares, en su mayoría mujeres mostraron fotos y pequeñas lonas con retratos de sus esposos o hijos desaparecidos desde el 9 de mayo del 2015, y de los que hasta ayer desconocen su paradero.