El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que la práctica de los matrimonios tempranos se focaliza en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca y Xalpatláhuac con población na savi.
Dijo que, antes de pretender desacreditar cómo viven los pueblos indígenas, es necesario contextualizar que en las comunidades se vive muy temprano en responsabilidades en el campo, la casa y, por lo tanto, los matrimonios por acuerdo de los papás, que resultan preocupantes porque atenta contra los derechos de la infancia.
Eso deja ver que se conviertan en padres a edad temprana donde sus hijos se convierten en apoyo para el trabajo gratuito en la familia o en ingresos cuando se van como jornaleros agrícolas.
Remarcó que las prácticas de los matrimonios tempranos se deben ver en la lógica en que los pueblos nahuas, me’phaa, na savi y ñomnda ven la vida.
Además del rezago social y la falta de oportunidades de educación porque en las comunidades no hay primarias completas, mucho menos secundarias para que las niñas acudan, socialicen y desarrollen su libertad de elegir.
Barrera Hernández focalizó los matrimonios forzados por acuerdo de padres con un pago económico en las poblaciones na savi mayoritarias en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc donde la migración de sus habitantes a Estados Unidos ha sido un factor del “aumento de costos de los matrimonios con el establecimiento de tarifas”.
Agregó que han detectado casos en Xilotepec y Cahuatache de Xalpatláhuac y en municipios de Alcozacua y Atlamajalcingo del Monte en donde el intercambio de bienes por la familia que iba a pedir a una mujer dejó su esencia simbólica con la entrega de presentes y se mercantilizó con la petición de efectivo.
Dijo que en esas acciones no hay nada comunitario, que se han individualizado porque ya no participa el pedidor, el comisario que al final se convertían en mediadores si había conflictos y ahora “las transacciones” las hace el jefe de familia sin pedir opinión deteriorando el tejido comunitario.
Al existir dinero de por medio las mujeres se convierten en las criadas de la familia del hombre que es donde se va a vivir y ahí tiene que moler, lavar, hacer comida y atender a todos porque le dicen que la compraron y se tiene que aguantar a vivir con eso porque no conocen otra forma de hacerlo al ver que así vivió su abuela, su madre y si migran se convierten en generadoras de ingresos.
Explicó que el dinero que envían los migrantes en Estados Unidos que antes era para las fiestas religiosas ahora lo usan para casarse o para que un hermano lo haga lo que deriva en abusos por parte de la familia del novio.
Intervención de autoridades comunitarias con visión patriarcal machista

Barrera Hernández dijo que otro factor que atropella los derechos de las niñas es que los jefes de familia acuden al comisario, quien es padre y en los planteamientos que le hacen sobre mujeres actúa con esa lógica machista de “respaldar al hombre en su petición de meter en cintura a la mujer rebelde donde no hay cabida para el respeto de los derechos humanos”.

Las niñas están rompiendo con la estructura patriarcal

Barrera Hernández celebró las denuncias que hacen las mujeres, en especial de la menor de 15 años, Angélica quien estuvo 11 días encarcelada por elementos de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Dos Ríos en Cochoapa el Grande al haber sido corrida de la casa de su suegro porque se resistió a ser abusada sexualmente en cuatro ocasiones por él ante la ausencia del marido que lleva más de un año en Estados Unidos y no se comunica con ella.
“Esa niña rompió con la estructura patriarcal de sometimiento enmarcada en el concepto de usos y costumbres que se imponen en la comunidad al denunciar y pedir ayuda” y que cada vez hay más casos en que se pide la intervención de autoridades como las sindicaturas, derechos humanos y en las instituciones de gobierno, aunque muchas veces no tienen la sensibilidad para protegerlas.

La CRAC–PC, sin facultades para intervenir

De la actuación de la Policía Comunitaria de Dos Ríos dijo que debió ayudar a la menor que señaló abusos del suegro, pero se vuelve al punto de que actúan bajo una lógica patriarcal que se erigieron como un tribunal que encarcela sin estar establecido en su reglamento, sólo porque se lo pidieron.
Recordó que en la Casa de Justicia de Zitlaltepec se habló de un documento para atender los derechos de las mujeres para que no sean violentadas y no hay nada por lo que consideró que deben capacitarse y conocer los principios básicos de la PC para que no se inmiscuyan en temas que no les competen.
Y que no hagan eco de las peticiones de los padres de que obliguen a la familia de la mujer a devolver el dinero que dieron al juntarla en matrimonio y lo peor, que actúen con criterios fuera de proporción como encarcelar privándola de manera ilegal de su libertad y criminalizando.
Dijo que la CRAC-PC desde el momento que se presta a estas acciones atenta contra los derechos de las niñas porque usan la cárcel como una manera de castigarlas.

Se debe investigar a los coordinadores de Dos Ríos

Barrera Hernández consideró que en caso de Angélica se debe investigar el actuar de los coordinadores de Dos Ríos, que expliquen porqué intervinieron en el asunto que derivó en la violación de los derechos de la menor y sus familiares y que el caso debe tratarse en una asamblea y replantear cómo se atenderán.
El director de Tlachinollan expresó que los usos y costumbres no deben ser usados para violentar derechos y que éstos tampoco deben ser estáticos en la vida comunitaria de los pueblos indígenas porque ahora se han convertido en un problema con los matrimonios a temprana edad en que se da dinero.
“No todo lo que yo hago debe ser costumbre y ser aceptado si lacera la dignidad humana” y en este caso al existir dinero se desvirtuó la esencia de la matriz cultural en que, en los matrimonios, se aportaba con lo que se contaba, no se hablaba de números ni de qué grupos musicales van a tocar”.