Las pésimas condiciones de los reclusorios son parte de los graves problemas que existen en el estado y son un foco rojo permanente que no está atendido por la visión errónea de castigo que se tiene sobre ellos, consideró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Consultado sobre la calificación de 5 que tiene el estado de Guerrero en una escala de 1 a 10, en la evaluación de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el 2021 dijo que esto es por la visión errónea de que se trata de un lugar de castigo, entonces no ejercen dinero para que mejoren las condiciones.
Y no ven que aunque las personas están privadas de su libertad tienen derechos, pero prevalece el maltrato a pesar de los informes y datos que se hacen públicos sobre las condiciones de los reclusorios “las autoridades prefieren mantenerlos en bajo perfil, no es su prioridad invertir en su mantenimiento”.
Dijo que las condiciones de los internos son precarias y van desde la alimentación, no hay lugares adecuados para dormir ni cuentan con servicios básicos.
Llamó a las instancias a que rehabiliten, amplíen o construyan nuevos reclusorios por el hacinamiento y las condiciones deshumanizantes y para ello se necesita invertir recursos para garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 que realizó la CNDH a los 12 penales del estado, tres obtuvieron calificación de 6: Acapulco, Taxco y Tecpan, donde se evaluó que fueran estancias dignas, las condiciones de gobernabilidad, que fueran parte de la reinserción social y se atendiera a grupos con necesidades específicas.
Barrera Hernández coincidió en que los penales no cumplen esos aspectos porque no hay actividades o programas que promuevan el trabajo; hay sobrepoblación, no hay espacios para mujeres, hay maltratos y poco se puede hacer ante la opacidad en la forma en que se desarrolla su vida interna.
Entre los penales con 5 está el de Tlapa que tiene sobrepoblación, lo que lleva al hacinamiento además de tener instalaciones de hace más de 40 años para 58 personas, pero en el 2021 tenía 198.
Sobre el reclusorio de Tlapa dijo que es necesaria una nueva construcción porque a veces sale más cara la reconstrucción, ampliación y mejoramiento de instalaciones “el de Tlapa tiene tuberías colapsadas, sanitarios, dormitorios en pésimas condiciones”.
Agregó que eso hace que haya un control de espacios, que los servicios sean caros, se generen conflictos por los autogobiernos que se forman y por eso los internos están a la defensiva, resistiendo y cuidándose de un ambiente nocivo que no es bueno para su rehabilitación.
Enfatizó que la falta de atención al problema y la carencia de un plan estratégico para revertir esas condiciones que denigran la vida de internos “alienta la situación de criminalización porque son ambientes nocivos, contrarios a la rehabilitación, donde gana quien tiene poder, dinero e influencias”.
Y en Tlapa no hay espacios propios para mujeres, se fue forzando el espacio que queda reducido para quienes tienen a hijos donde no pueden convivir ni desarrollarse en términos educativos o culturales y para las mujeres el castigo es mayor, cruento y discriminatorio para las indígenas o afros.
“Las autoridades los han abandonado sin ver que son un foco rojo que debe atenderse, pero en el corto plazo no se ven acciones o planes o programas para revertir las condiciones de los reclusorios”, lamentó.