La lucha legal para frenar a las mineras en la región de La Montaña y Costa Chica no ha sido fácil.
En sus demandas de amparo, los pueblos indígenas argumentan que las concesiones mineras se otorgaron sin consultarles, y por lo tanto se violó su derecho establecido en la Constitución y en los tratados internacionales.
Comenzaba noviembre del 2010, cuando en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y Zapotitlán Tablas, ubicados en la región de la Montaña y la Costa Chica, la minera inglesa Hochschild Mining México y la canadiense Camsim Minas, iniciaron trabajos de exploración de yacimientos de oro, plata y zinc en una superficie de aproximadamente 50 mil hectáreas.
La empresa inglesa y la canadiense comenzaron sus trabajos de exploración sin el permiso de las comunidades indígenas de la región, lo que desencadenó una inconformidad y un movimiento de oposición en contra de las mineras que persiste a la fecha, por medio del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de las Mineras.
Según la página Web de las empresas, fueron tres las concesiones expedidas por la Secretaría de Economía a estas mineras en los municipios de Malinaltepec y Zapotitlán Tablas. La más significativa fue la que se entregó para explotar la mina Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas ubicada en el pueblo de San Miguel el Progreso de Malinaltepec.
Ello motivó a la comunidad indígena me’phaa a presentar una demanda en contra del Ejecutivo Federal por considerar “inconstitucional la entrega de concesiones para exploración y explotación minera dentro de su territorio. La demanda fue presentada en noviembre del 2013 y se resolvió a favor de la comunidad en mayo del 2016.
En la demanda de amparo la comunidad indígena sostiene que la entrega de las concesiones mineras en favor de la empresa de capital inglés Hochschild Mining, relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, “contraviene la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado”.
El argumento principal es que las concesiones mineras otorgadas violaron el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Actualmente, Hochschild Mining ha desistido y se ha retirado de Guerrero.
Pero la lucha legal continuó debido a que a pesar de que hasta 2014, de las 44 concesiones otorgadas para la explotación minera, en esas dos regiones del estado aún quedan 22.
El comisario de San Miguel el Progreso, Valerio Mauro Amado, recordó que la lucha legal y la organización, en realidad comenzó antes, en octubre del 2012, cuando los pueblos originarios de la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, convocaron a otros pueblos al Foro Regional en Defensa de los Territorios y en contra del Proyecto Federal de la Reserva de la Biosfera.
Entonces, los comuneros denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que impulsaban la creación de la Reserva de la Biosfera sin dar información y sin realizar consultas entre las comunidades afectadas. El proyecto, expusieron entonces, pretendía ceder los derechos de administración de su territorio a las autoridades federales.
Los municipios que quedaban dentro de la reserva son Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, abarcando en total 157 mil 896 hectáreas, en donde están asentadas 207 comunidades con 153 mil 23 habitantes. Entre ellas está San Miguel el Progreso donde se pretendía la explotación de dos de las minas más importantes de la región, Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas.
Como resultado de la movilización se suspendió a tiempo el proyecto y en mayo del 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal anunció la cancelación del proyecto.
El entonces titular de la dependencia, Carlos Toledo Manzur, afirmó que el gobierno estatal no impulsaría algún proyecto de conservación en lugar alguno de Guerrero, mientras no cuente con el respaldo y la aprobación de los habitantes de la zona.
Para frenar el proyecto se constituyó el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que hoy se ha convertido en el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de las Mineras, que el 12 de abril 2014 reunió a unas 200 autoridades municipales y agrarias de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc y Cochoapa, de la región Montaña, así como de San Luis Acatlán, de la Costa Chica, que acordaron por unanimidad un “no” a las mineras. Encabezaron el acuerdo las autoridades de San Miguel el Progreso.
En el acta de esa asamblea se establece de entrada que los representantes del Consejo informaron que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Economía, habría renovado cuatro concesiones a la minera inglesa Hochschild Mining México y a la canadiense Camsim Minas, para explorar yacimientos de oro, plata y zinc en una zona cercana a Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec y que los permisos tenían una vigencia para 50 años.
Después, el 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, por la que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel el Progreso.
En entrevista, este sábado 22 de julio, las autoridades locales informaron que desde un principio sospecharon que el gobierno federal pretendía nuevamente meter a las mineras a su territorio, porque la superficie que abarcaba la declaratoria de libertad de terrenos es la misma que abarcan las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas.
Entonces emprendieron nuevamente la lucha legal y la asamblea de comuneros encargó al Comité de Ordenamiento Territorial de los Bienes Comunales realizar un estudio y análisis de planos para comprender el alcance territorial que las concesiones y ahora declaratoria de libertad de terrenos podían ocasionar en el polígono reconocido legalmente a la comunidad de conformidad con el Plano Definitivo que les fue otorgado por el Tribunal Superior Agrario del Distrito XII con sede en Chilpancingo el 5 de septiembre de 2000.
Con base en este estudio, las autoridades constataron que, efectivamente, hasta el 80 por ciento de la superficie que les corresponde como comunidad indígena y agraria, quedaba comprendida dentro de la declaratoria de libertad de terrenos.
“De ser efectiva la utilización de sus tierras declaradas en libertad de terrenos, implicaría un potencial de desplazamiento forzoso de población similar a la intervención que se haga, ya que como puede observarse, la población no se encuentra congregada en un solo lugar, sino que tiene un patrón de asentamiento medianamente disperso”, se destaca en el estudio antropológico elaborado por la antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) María Teresa Sierra Camacho.
Tras la promoción del amparo con esos argumentos la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso o Juba Wajiín, obtuvo la resolución a su favor y en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera el pasado 28 de junio por la jueza primera de distrito, Estela Platero Salado, mediante el amparo 429/2016.
Sin embargo, para el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado, y el comisario municipal Luis Gálvez Ortega, de San Miguel el Progreso, la lucha nuevamente no ha terminado, pues existen otras 22 concesiones vigentes en la zona de la Costa Chica Montaña mismos que bucarán cancelar “hasta vernos libres de la amenaza”, dijo Valerio Mauro.