Lourdes Chávez

Chilpancingo

La asamblea de vecinos y autoridades comunitarias del ejido de Buenavista, en el municipio de San Luis Acatlán, liberó al director de Gobernación estatal, Rafael Julián Arcos, al delegado en la región Costa Chica, Germán Herrera Clemente, y a un empleado del gobierno del estado, tras una larga discusión con representantes de los tres niveles de gobierno que ayer fueron a recuperarlos, luego de seis días en retención.
En consulta telefónica, el alcalde Adair Hernández Martínez, quien participó en el conflicto como coadyuvante, dijo que a pesar de un acuerdo el sábado con autoridades comunitarias, de dejar libres a los funcionarios el domingo en la mañana, la asamblea no tenía la misma disposición.
En sus participaciones insistieron en la libertad el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata-Cipog EZ, Jesús Plácido Galindo, como condición para soltar a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno (SGG), precisó.
Después de la sesión que se realizó de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, dijo que se firmó una minuta donde la comunidad aceptó dejar ir a los funcionarios, pero fijó un plazo de 45 días para recibir una solución definitiva e improrrogable sobre la libertad de Plácido Galindo, aprehendido el 17 de julio en un retén del Ejército en San Marcos.
Si no hay una solución, la comunidad advirtió que harán valer los “acuerdos de asamblea, ante las autoridades correspondientes”.
También solicitaron pruebas del desistimiento de la demanda que habrían presentado familiares de los funcionarios por la privación de la libertad.
Los funcionarios estatales fueron retenidos el lunes 20 de julio en un bloqueo a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el puente de Marquelia, donde los pueblos exigieron la libertad de Plácido Galindo.
El alcalde señaló que en la asamblea los servidores públicos hicieron ver que ya se había llegado a un acuerdo con la familia de Jesús Plácido, y la libertad de los funcionarios no significaba abandonar la defensa de su compañero.
Añadió que los pobladores también reclamaron que la Fiscalía General del Estado dio carpetazo a la investigación del homicidio del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio (17 de octubre de 2023 afuera de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, a donde lo citó el gobierno del estado a una reunión).
Además del alcalde de San Luis Acatlán, acudieron a la asamblea el director de Negociación de la SGG, Mario Alberto Robles Domínguez, el representante de la Secretaría de Gobernación federal, Rafael Montalbán Astudillo, el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, Fernando Esteban Ramírez, y un representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Asunción Sánchez Altamirano.
Hernández Martínez indicó que los mismos retenidos indicaron que recibieron alimentos y atención médica de la comunidad, que llamó a un doctor de un Centro de Salud del IMSS Bienestar, a revisar su estado de salud.
La Codehum también hizo una revisión de su condición física, para dar fe de que se encontraban bien. Tras la asamblea se dictó la libertad inmediata de los funcionarios. Aclaró que la comitiva no llevó seguridad pública a la comunidad.
Por separado las autoridades comunitarias de Buenavista confiaron en que en el plazo de 45 días, Plácido Galindo pueda obtener su libertad, porque las pruebas en su contra no son consistentes.
Aclararon que la familia rechazó la propuesta del gobierno del estado de pagar un abogado privado para Plácido Galindo. Confirmaron que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), se encargarán de la defensa.
Su familia rechazó de manera categórica la propuesta del gobierno de asignar un abogado de oficio o asesoría jurídica pública, así como el apoyo económico.
Aseguraron que en la sesión, los vecinos de Buenavista y comunidades anexas reclamaron a los funcionarios la trampa que le pusieron al luchador social para detenerlo. Ayer se difundió un video del subsecretario usando lentes que presuntamente graban audio y video sin que se den cuenta sus interlocutores.
Ratificaron que a Jesús Plácido lo citaron a una reunión en Acapulco y en el momento en que llegó a un retén militar en San Marcos ya había policías Estatales, Ministeriales y agentes de la Guardia Nacional.
Compararon su situación con el homicidio de Bruno Plácido, a quien también citaron en la Secretaría de Salud y lo asesinaron al salir, aunque los funcionarios del estado negaron, igual que ahora, que lo hayan citado.

Los funcionarios fueron voluntariamente a Buenavista

En el detalle de los acuerdos señalaron que los funcionarios retenidos fueron voluntariamente a la comunidad de Buenavista, para que los vecinos retiraran el bloqueo en la carretera federal.
Indicaron que no es negociable que el gobierno del estado garantice plenamente la seguridad, la integridad física y el respeto a los derechos humanos de Jesús Plácido, en prisión preventiva, por la libertad de los funcionarios estatales, quienes deberán desistir de interponer cualquier denuncia, queja o querella civil en contra de la autoridades comunitarias, ejidales o de los familiares de Plácido Galindo.
Además solicitaron una reunión en 10 días con funcionarios de las fiscalías General de la República y del Estado y con el Tribunal Superior de Justicia para revisar los expedientes del homicidio de Bruno Plácido.
Asimismo, para que les hagan saber el avance en la integración del expediente contra Plácido Galindo.
Dado que el juez de control otorgó tres meses para la investigación complementaria, la comunidad exigió la libertad de Plácido Galindo antes de este plazo, y solicitó que el juez Celso Ubaldo de la Sancha revise minuciosamente todas las pruebas y resuelva conforme a derecho en un plazo de 45 días.
Demandaron que se retomen la construcción de obras carreteras suspendidas tras la retención de los funcionarios estatales, y solicitaron dos médicos y una ambulancia para el traslado de sus enfermos.
Para Plácido Galindo que una vez que sea puesto en libertad recupere las medidas cautelares de seguridad personal, incluida la restitución de una camioneta blindada, y la reposición del botón de pánico destruido por militares durante su detención.

Según Rodríguez Cisneros, el pueblo se dio cuenta de que la retención está fuera de ley

El subsecretario de Desarrollo Político y social Francisco Rodríguez Cisneros dijo que los pobladores de Buenavista se dieron cuenta de que la retención de funcionarios esta fuera de ley y por ello decidieron liberarlos.
Ayer en declaraciones en Ciudad Renacimiento, aseguró que el Gobierno del estado dará seguimiento a la situación jurídica de la detención del líder indígena Jesús Galindo.
“Acordamos la liberación, entendieron que lo que estaban haciendo esta fuera de la ley y… y ellos proponen dar seguimiento a lo que tiene que ver con la cuestión jurídica de la persona que se encuentra detenida, así como atender diversas gestiones que tienen ellos pendientes en las localidades”, dijo el funcionario.
Agregó que van a dar seguimiento a la demanda de caminos, aunque aclaró que en ningún momento el gobierno del estado ha parado las gestiones, y afirmó que van a rehabilitar los caminos, y “vamos a trabajar con ellos en un diálogo respetuoso con los comisarios”.
Rodríguez Cisneros dijo que en el Gobierno del estado, “siempre le apostamos al diálogo y en ningún momento vamos a confrontar a la población civil y entendemos que haya molestia por parte de las familias, sin embargo es un acto de autoridad que no le corresponde al gobierno del estado de Guerrero el que se realizó, nosotros somos respetuosos y en el marco de la ley lo que hemos ofrecido a la familia es el acompañamiento jurídico”. (Aurora Harrison).