Luis Daniel Nava

Chilpancingo

José y Claudia Molina González, hermanos del ex coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), Gonzalo Molina, fueron liberados del penal de Chilpancingo –en el que permanecieron 6 días–, luego de que un juez federal los absolvió de cuatro delitos, entre ellos el de terrorismo, por un zafarrancho suscitado en 2013.
José fue detenido por la Policía Federal Ministerial la noche del miércoles 20 de agosto en la Ciudad de México a donde acompañaría a su hija a inscribirse a una preparatoria de la UNAM. La menor fue tratada con violencia y sufrió una crisis nerviosa al observar la detención de su papá.
Al siguiente día por la tarde en Chilpancingo fue detenida por agentes federales su hermana Claudia. Familiares, amigos y abogados habían acudido al Juzgado Séptimo de Distrito a solicitar información sobre la situación legal y el estado de salud de José Molina.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso los hermanos fueron aprehendidos por los delitos de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y delitos contra particulares.
Las causas penales fueron integradas tras las denuncias del Ayuntamiento de Tixtla en 2013 derivadas de la trifulca entre integrantes de la CRAC-PC de Tixtla y policías municipales, así como la posterior toma del Palacio Municipal en protesta por la detención de la entonces comandanta de la CRAC-PC en Olinalá, Nestora Salgado, del coordinador en Ayutla, Bernardino García y de otros 22 policías comunitarios.
Gonzalo Molina González, coordinador de la CRAC-PC en Tixtla fue acusado de encabezar las acciones y se le integraron ocho causas penales por lo que fue recluido más de cinco años (del 6 de noviembre de 2013 al 2 de diciembre de 2018) en cárceles federales de Oaxaca, Estado de México y Guerrero.
Entre los delitos que le imputaron fueron terrorismo, secuestro agravado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
Ayer por la mañana, desde el exilio, el mismo Gonzalo Molina dio a conocer que sus hermanos José y Claudia fueron liberados, después de las 9 de la noche, al vencer la ampliación del plazo para definir si eran vinculados a proceso.
“Tenían pruebas que demostraban que no estuvieron en el lugar de los hechos. Se demostró que no hubo delito qué perseguir y anoche cuando se venció el término constitucional, la prórroga, lograron salir en libertad”.
Consideró que, aunque sus hermanos hubiesen estado presentes el día de los hechos no había delito porque lo que sucedió afuera del Ayuntamiento de Tixtla fue “un zafarrancho entre policías comunitarios y policías municipales” que se salió de control.
“Aunque hubieran estado o los que estuvieron en ese zafarrancho. Si están deteniendo a los policías comunitarios también tendrían que detener a los policías municipales”.
Justificó que la actuación de la CRAC-PC es legal y legítima.
“Está amparada en el artículo 2 de la Constitución, en la Ley estatal 701 y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y está facultada esta institución para dar seguridad y justicia”.
Dijo que no temen por su seguridad porque no están fuera de la ley y que su familia se ha conducido con respeto y en el marco legal.
“Desde luego cuando vemos que hay injusticias tenemos que manifestarnos y ese derecho lo tenemos en la Constitución.
“En ese caso, del 26 de agosto, se salió de control no sólo la Coordinadora, se salieron de control también los policías municipales sin llevar a cabo los protocolos de seguridad, ahí fallaron”.
Agregó que en el caso de su persona sí ha habido amenazas del crimen organizado desde ese entonces.
Lo que le preocupa, dijo el promotor, es que el Poder Judicial no lleve a cabo sus investigaciones antes de realizar sus detenciones.
“Pero te agarran y después van a investigar, ellos están facultados para mostrar pruebas, no nosotros”.
Dijo que no hubo forma de que demostraran que sus hermanos estuvieron en ese lugar, pero que ellos pudieron demostrar que no estuvieron, además de que algunos delitos prescribieron.
Reveló que en su caso se echaron abajo todas las causas penales en su contra porque unos policías municipales que lo acusaban se desistieron y los que asistieron al careo confesaron que fueron obligados a firmar un documento acusatorio.
Los agentes habrían detallado que quien los obligó a firmar fue el director de Seguridad Pública municipal en la misma comandancia.