Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa emitió el miércoles un exhorto a los párrocos, rectores de templos, vicarios parroquiales, religiosas, religiosos “y a todo el pueblo de Dios realizar una ayuda humanitaria en alimentos y ropa, a través de Cáritas Parroquiales, para las comunidades filiales de la parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya.
A esa parroquia pertenecen las localidades de Chilapa que sufrieron violencia del 6 al 11 de mayo pasado del grupo delictivo de Los Ardillos.
Por separado, organizaciones sociales de Puebla llamaron a los tres órdenes de gobierno, “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa publicó un mensaje en su página en el que informó que en el transcurso de los últimos años, “varias de las comunidades filiales de la Parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya se han visto necesitadas de nuestra solidaridad cristiana”.
Derivado de ello exhorta, “a que desde ahora podamos realizar ayuda humanitaria en alimentos y ropa, y una vez que se haya recibido lo pertinente desde cada Parroquia hacerlo llegar con el responsable de Cáritas en cada Decanato, para que éste pueda hacer llegar la ayuda humanitaria a la administración de la mencionada parroquia, Arístides Iglesias Jijón”, recomienda el obispo González Hernández.
Agrega: “quiero pedir, a su vez, a la Cáritas Diocesana permanezca atenta para atender los comunicados y envíos de ayuda humanitaria que podrán ser remitidos desde Cáritas Nacional”.
Refiere que la misión de la Cáritas Parroquial, “nos invita a reconocer a Cristo Vivo en el hermano que sufre, en las familias dolientes, en quien necesita no sólo ayuda material sino también cercanía, escucha y consuelo”.
Agrega que en esta actividad “de ofrecimiento de ayuda humanitaria, se fortalece nuestra vocación como discípulos” y llamó a construir el tejido social “y a ser testimonio de un amor que transforma la indiferencia en solidaridad”.

El ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla

Por separado, las agrupaciones, Clínica Jurídica Minerva Calderón; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se pronunciaron ayer en un comunicado porque los gobiernos federal y estatal diseñen “medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
Refieren que el ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla “llama a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero”.
Contextualiza que en los días recientes comunidades del estado de Guerrero y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado ataques armados por parte de grupos criminales en contra de habitantes de comunidades indígenas de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, provocando el desplazamiento forzado de al menos 800 personas, el homicidio de cinco (los vecinos aseguran que son seis) habitantes, así como la quema de viviendas y el uso de drones explosivos contra la población”.
Refieren que el desplazamiento forzado “es una grave violación a los derechos humanos e impacta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, afectando el vínculo comunitario y espiritual que sostienen con el territorio”.
Denuncian que el asedio constante de grupos criminales organizados desde hace más de una década no es un hecho aislado, “sino que es parte de una condición de inseguridad agravada en años recientes frente a los procesos iniciados por las comunidades para garantizar seguridad y justicia”.
Después de contextualizar el ambiente las agrupaciones llamaron a los tres órdenes de gobierno “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas”.