Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La relatora de derechos humanos de la ONU sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez-Damary, llegó ayer a Guerrero y se reunió en Chilpancingo con representantes de grupos de desplazados.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, le dijo al darle la bienvenida, que “el desplazamiento es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades de Guerrero”.
Jiménez-Damary llegó a las 3 de la tarde a las instalaciones de la Curia Diocesana en donde ya era esperada por medio centenar de representantes de grupos de desplazados del estado con cadenas de Cempaxúchitl que le colgaron al cuello.
Entre los desplazados estaban una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burdos de Ayotzinapa, representantes de los desplazados de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualo), de Zitlala y de otros municipios del estado pero pidieron que se omitiera sus lugares de desplazamiento.
“Las familias desplazadas del estado de Guerrero le dan la bienvenida aquí donde lamentablemente se sufre el flagelo de los desplazamientos forzados”, le dijo Abel Barrera a la representante de la ONU ya cuando estaban concentrados en un salón de las instalaciones de la Curia Diocesana.
“En este lugar, en esta capital, le damos la bienvenida sobre todo porque el desplazamiento forzado es un flagelo que no se ha podido atender por parte de las autoridades de Guerrero”, siguió Barrera.
Agregó que para todas las familias desplazadas “es un momento histórico su llegada a este estado, donde hay más de 20 mil personas desplazadas”.
El director de Tlachinollan informó que a la reunión con la relatora llegaron representantes de familias desplazadas de la sierra, zona Centro, Montaña, Norte y Tierra Caliente “y se encuentran sumamente esperanzadas de que su voz, su palabra y sus testimonios logre llegar lejos para que el gobierno los escuche”.
En su breve intervención durante la recepción que estuvo abierta a los medios de comunicación, la relatora Jiménez-Damary dijo a través de su traductora que “hoy venimos a escuchar sus historias y esto es muy importante para mí porque entendemos la difícil situación y el problema de los desplazados en Guerrero”.
La reunión siguió después a puerta cerrada a petición de la misma relatora, para que los representantes de los desplazados presentaran sus testimonios sin sentirse intimidados, se argumentó.
La reunión duró unas tres horas y entrevistada al final, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, expresó que vio “mucho miedo entre los desplazados”, sobre todo porque había muchos que no se conocían entre sí y había desconfianza.
Dijo que muchos tenían ganas de estar con la relatora y contarle sus testimonios, “pero se veían con mucho miedo; todos se preguntaban quién es aquél”, y contó que, incluso, muchos no hablaron porque decían que desconfiaban “de algunos que estaban en la reunión”.
“Estaban con mucha desconfianza, y entendemos esa parte porque han vivido una violencia muy extrema, entonces, si son unos de la sierra de Petatlán, otros de Zihuaquio, otros de la sierra de Chilpancingo o Chichihualco pues es lógico que todos se tengan desconfianza”.
La defensora de derechos humanos contó que hubo muchos grupos que no vinieron por temor “porque no sabían a quiénes iban a encontrar en la reunión”, mientras que el grupo que vino de Tierra Caliente no quiso contar su testimonio e igual los de la sierra de Atoyac, “ellos claramente dijeron nosotros tenemos miedo y no vamos a hablar”.
Explicó que hasta el final se acercaron a hablar con la relatora pero en corto.
Sin embargo, consideró que la reunión con la relatora fue muy buena porque se van conociendo entre los distintos grupos de víctimas y que incluso existe la posibilidad de formar un frente de desplazados en el estado para luchar de manera conjunta por sus derechos.
Dijo que el llamado que les hizo ella fue que se vieran todos como lo que son; víctimas de desplazamiento y que tienen que trabajar juntos por ejemplo para empujar la ley de desplazamiento forzado interno que está atorada en el Senado, igual para lograr la reglamentación de la ley local.
Rosales Sierra declaró que hacen falta muchas cosas que hacer en cuanto al problema de los desplazados, algo importante dijo es su reconocimiento por parte de las autoridades como víctimas.
Informó que de los 20 mil desplazados que se dijo en la reunión existen en el estado, sólo 80 tienen la calidad de víctimas y son reconocidos por las autoridades, estos son los de Chichihualco que asesora el mismo Centro Morelos, “los demás pueden gritar y todo pero no son reconocidos”.
Dijo que tampoco existe un registro oficial mediante el cual se sepa con certeza cuál es la cifra de desplazados, “por lo tanto, aunque digamos misa no se puede comprobar que sí hay víctimas de desplazamiento en Guerrero”.
Explicó que lo prioritario es que los desplazados luchen por lograr su reconocimiento como víctimas para que puedan tener derecho, por ley, a los apoyos gubernamentales.
(En una nota este lunes se publica que la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales, dio a conocer el cálculo de 20 mil familias desplazadas actualmente en Guerrero por la delincuencia organizada, y 42 mil familias si se consideran otras causas).