Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Alberto Zoyateco Pérez y un transportista de Atzacoaloya, fueron asesinados el viernes cerca de la desviación al Jagüey, en la carretera Chilapa-Hueycantenango, denunció el sábado el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo.
Informó que el indígena miembro del Cipog-EZ, de 30 años de edad y originario de Alcozacán, había sido privado de su libertad, junto con el transportista que lo llevaba a su pueblo la tarde del jueves, cerca de Atzacoaloya, a unos 500 metros de donde se encuentra un retén del Ejército.
Agregó que el indígena nahua viajaba en un vehículo que alquiló para llegar a Alcozacán, del que fue bajado con el chofer, de nombre Martiniano, y se los llevaron rumbo a Quechultenango en donde habrían sido torturados y asesinados.
Añadió que los cuerpos fueron regresados al lugar a donde los levantaron y con el vehículo arrojados en una barranca, donde fueron localizados la mañana del viernes.
El dirigente indígena desmintió las primeras versiones que indican que se trató de un accidente automovilístico.
“El compañero iba transbordando en transporte desde Chilapa hacia Alcozacán y fue interceptado adelante de la secundaria de Atzacoaloya, a unos 500 metros del retén del Ejército, donde está la entrada para El Jagüey y hacia Quechultenango”, insistió.
Reiteró que el integrante del Cipog-EZ y el chofer fueron levantados a 500 metros de un filtro de militares y de la Guardia Nacional y que está en la desviación.
“Ahí fueron interceptados por el grupo delictivo de Los Ardillos y se los llevaron a Quechultenango donde los torturaron y al día siguiente los dejaron en el mismo lugar de donde los levantaron”, denunció.
Declaró por teléfono que casos como el de Alberto Zoyateco indican que la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, y las acciones de la Mesa de Coordinación para la Paz son un fracaso, y señaló como responsables a las autoridades de “la masacre” que padecen los pueblos indígenas.
“Es una cobardía de los grupos delincuenciales porque están matando a gente inocente, son gente que van al hospital de Chilapa, de Chilpancingo, al mercado o a trabajar, como fue el caso de Alberto”, dijo.
Plácido Galindo dijo que ya es “un genocidio” lo que están haciendo con los indígenas. “El Estado sabe y no hace nada, y con estos casos se demuestra que el Estado es cómplice por su relación con los grupos delictivos”, denunció.
Insistió en que los asesinatos se cometen cerca de los retenes de militares o de la Guardia Nacional, “y hasta ahora no han detenido a ninguno de los responsables”.
Informó que desde 2015 van 63 indígenas asesinados y 22 desaparecidos y que ninguno de los casos ha sido esclarecido, ni los responsables detenidos y llevados ante la ley.