Las familias desplazadas de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla, Tetitlán y Lodo Grande, municipio de Chilapa, que regresaron a sus casas la semana pasada, no recibieron apoyo del gobierno y regresaron por la necesidad de sembrar sus tierras, no porque ya no estén en riesgo, informó el presidente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
El defensor de derechos humanos informó que quienes regresaron son un grupo minoritario pues son unas 80 familias, de un total de aproximadamente 800 que salieron en los últimos meses de esas cuatro localidades.
Dijo que las familias desplazadas no confían en las autoridades de los tres niveles de gobierno, y no ven que haya condiciones para regresar a sus comunidades, “si algunos han regresado ha sido por la desesperación, todos son campesinos y su sobrevivencia depende de la producción del maíz, muchos dejaron su parcela y sus animales, por eso han tenido que ir regresando alentados por los gobiernos municipal y estatal.
Reconoció que en las comunidades hay vigilancia militar y policiaca pero que la había desde antes de que los desplazaran, “y sin embargo hay una gran cantidad de desaparecidos y asesinados, por eso consideramos quela presencia militar y policiaca no garantiza la vida y la tranquilidad de las familias”.
Informó que en los últimos tres meses han sido desplazadas unas 800 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuahutla, Tititlán y Lodo Grande, a donde han regresado unas 80 familias en condiciones no de plena seguridad.
“La mayoría regresó para sembrar sus tierras, porque no encontraron apoyo de las autoridades y ante la falta de una estrategia clara del gobierno para atender el problema del desplazamiento forzado”, agregó.
Denunció que la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en Guerrero es general y que no está reglamentado, “por lo tanto no hay una instancia que atienda a estas familias”.
Insistió en que mucha gente no quiere regresar, pero si no encuentra apoyo para una reubicación, empleo, salud, educación y acceso a los diferentes programas gubernamentales, se preocupa y decide regresar a sus casas para sembrar porque es la única forma que tiene para “medio alivianar su pobreza”.
Explicó que las familias de esas comunidades no están juntas porque al salir de sus comunidades se dispersaron e individualmente se fueron a vivir con familiares o con amigos de Chilapa, Chilpancingo, y a otros estados, “algunos se fueron incluso de jornaleros a Sinaloa y a otros estados”.
Reconoció que faltó organización de la población para retirarse de manera organizada y exigirle al gobierno que los atienda en su condición de víctimas de desplazamiento forzado.
Olivares Hernández dijo que de hecho el problema del desplazamiento en esas comunidades comenzó desde el 2007, pero que se agudizó en el 2015 y 2016 “y hoy el problema se encuentra en su máxima expresión, hay mucho temor, mucho terror en la gente y cuando ven que dos o tres familias se están desplazando las otras inmediatamente entran en pánico y también se van”.