El indígena nahua muerto y el otro hombre que resultó herido tras un ataque la tarde del miércoles en la salida de Zitlala son originarios de Quetzalcoatlán de las Palmas y contaban con medidas cautelares, a raíz de la masacre del 6 de enero del 2016 contra vecinos de esa localidad en donde asesinaron a seis.
El señor Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa (quien sobrevivió al ataque) fueron obligados por el gobierno a que junto con 25 familias de desplazados se regresaran de la cabecera municipal a Quetzalcoatlán con el argumento de que ya había garantías de seguridad por la presencia de dos grupos de la Policía Estatal, que después se redujo a uno con sólo seis agentes.
Benigno y Salomón fueron atacados a balazos por hombres armados aproximadamente a las 4 de la tarde a la salida rumbo a La Esperanza, por donde darían vuelta para evitar pasar por Tlaltempanapa que está bajo el control del grupo armado Paz y Justicia que ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal de Los Ardillos y a quienes los de Quetzalcoatlán responsabilizan del ataque del 6 de enero del 2016.
Los dos indígenas habían ido a la cabecera municipal a vender sus cintas de palma y a comprar víveres debido a que los gobiernos estatales y municipales incumplieron con la dotación mensual de despensas para evitar que salieran de su comunidad ante el riesgo de ser atacados.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández responsabilizó este jueves al Ayuntamiento de Zitlala que preside el priista, Roberto Zapoteco Castro y al estatal que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, del ataque a los dos indígenas que dejó a uno muerto y al otro herido. Contó que el herido está grave ya que tiene una bala alojada en la cabeza.
Denunció que los hombres fueron obligados por las autoridades estatales y municipales a regresar a su comunidad asegurándoles que ya no había riesgo.
Recordó que “algunos (de los desplazados) estuvieron sólo tres meses y otros pasaron de los tres meses en un albergue de Zitlala y cuando regresaron a su comunidad lo hicieron en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo”, en conferencia de prensa acompañado de los desplazados de la zona.
Informó que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) solicitó medidas cautelares y el gobierno del estado les mandó resguardo policiaco a su comunidad.
Reprochó que las autoridades estatales “con una prepotencia que es característica de esta administración, nunca les dio la atención debida, nunca atendió su derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, mucho menos al empleo, motivo por el cual varias de las familias tuvieron que salirse como jornaleros a Sinaloa y sólo 11 se quedaron allí”.
Agregó que las familias fueron obligadas a salir a comprar a la cabecera municipal ya que el gobierno incumplió con darles los productos necesarios para subsistir, además tenían que ir al campo a buscar leña o a cortar palma para tejer sus cintas, con el riesgo que esto implica.
Dijo que las garantías de seguridad para estas familias son elementales por la elevada violencia en la zona. “Todos sabemos que en Chilapa y Zitlala ha habido más de 140 asesinados en lo que va del año”.
Demandó que el gobierno del estado cubra los gastos funerarios del indígena asesinado como su ataúd, el traslado de Zitlala a Quetzalcoatlán, el pago de impuestos o permisos para sepultarlo en el panteón que la familia decida, ya que dijo que las familias de ambos indígenas son de pobreza extrema.
Los indígenas de Quetzalcoatlán para viajar hacia Zitlala, Chilapa o Chilpancingo tienen que pasar por Tlaltempanapa donde los integrantes del grupo armado Paz y Justicia instalan retenes y son a quienes señalan de haber ido a atacarlos en 2016 y los han amenazado.