Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron una marcha de 700 jóvenes integrados al Frente Unido de Normales Públicas del Estado (FUNPEG) en la capital, para recordar a los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, asesinados en esta fecha, hace un año.
La movilización comenzó después de las 3:30 de la tarde, para exigir la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos hace tres años en Iguala, y justicia por el homicidio de los dos alumnos de Ayotzinapa, en una Urvan del transporte público en la salida del libramiento de Chilpancingo-Tixtla, cuando presuntos asaltantes asesinaron también a un maestro y a un chofer del transporte público.
A pesar de que el caso concluyó en primera instancia con una sentencia condenatoria contra cinco integrantes de una banda de asaltantes, los estudiantes aseguraron que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado fueron superficiales, porque los primeros indicios establecían vínculos de los atacantes con un grupo de la delincuencia organizada que opera en la capital.
Los alumnos uniformados llegaron a las 3 de la tarde a la capital en 12 autobuses del servicio público y en automóviles particulares de Tixtla, sede de la Normal de Ayotzinapa y de la Escuela Normal Vicente Guerrero de Teloloapan, así como de escuelas normales con sede en Chilpancingo, La Centenaria Ignacio Manuel Altamirano y Rafael Ramírez.
Avanzaron a las 3:30 de la glorieta de Las Banderas, en la avenida Lázaro Cárdenas hasta la esquina con la Ruffo Figueroa, donde se desviaron hacia la Ciudad Judicial, al sur de la ciudad, para participar en un mitin.
En el acto político denunciaron que el ataque del 4 de octubre, no fue un asalto común, y los agresores contaban con el respaldo de autoridades, y que hay antecedentes de otros atracos con violencia y el gobierno no había hecho nada para detenerlos.
Aseguraron que después del ataque, tuvieron infomación de que la agresión a sus compañeros “parecía un ataque directo y tal vez planeado”. Consideraron que la acusación a los asaltantes es una forma de cerrar el caso sin esclarecer el móvil.
En las instalaciones del Poder Judicial, insistieron en que se ahonde en la investigación, “porque no son nuevas las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa por grupos paramilitares y organizaciones criminales”, en referencia a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde “fuerzas policiacas y militares coordinadas con grupos armados” impidieron a balazos la salida de sus compañeros en Iguala.
De vuelta a Tixtla, los normalistas se detuvieron en el punto de la agresión, la carretera, para colocar una ofrenda floral a sus compañeros que se habrían graduado este año, y cantaron el himno Venceremos que distingue su movimiento.
En un comunicado conjunto de Ayotzinapa, padres de los alumnos desaparecidos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron que la Fiscalía General del Estado no logró esclarecer el móvil del múltiple homicidio del 4 de octubre, ni establecieron si este grupo delictivo formaba parte orgánica de la delincuencia organizada y si tenían un mando jerárquicamente superior.
“Resulta difícil entender que este grupo delictivo tenía meses operando en Chilpancingo con toda impunidad y en plena ciudad y a la luz del día, sin que autoridad alguna actuara. Tuvieron que asesinar a dos Normalistas de Ayotzinapa para que el aparato estatal emprendiera acciones parciales”, recriminaron.
Señalaron que los homicidios de Jonhatan y Filimón son emblemáticos de la violencia que prevalece en el estado, y de la inacción de las autoridades para enfrentarla.
“Las deficiencias de las instituciones de justicia para ofrecer verdad y justicia se hizo patente en el presente asunto, aún con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio”. Manifestaron.
La impunidad en los casos como el de los normalistas de Ayotzinapa y la negativa de las autoridades para reconocer la gravedad de la violencia que azota nuestra entidad y emprender acciones para revertirla, tienen a Guerrero en vilo y a la intemperie.
Frente impunidad de la masacre del 26 de septiembre, y la negativa de las autoridades a reconocer la gravedad a las agresiones contra los estudiantes, exigieron esclarecer el móvil de la agresión a los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados el 4 de octubre, reparación del daño a familiares, alto a la criminalización a los normalistas y garantizar la seguridad de las personas transeúntes de las regiones Centro y Montaña de Guerrero.
Recordaron que el 4 de abril, Jonathan y Filimón regresaban de realizar sus prácticas docentes, en la Urvan 41 del servicio público Chilpancingo-Tixtla, y al salir de la ciudad cinco personas abordaron el transporte público y unos kilómetros más adelante comenzaron a asaltar a los pasajeros.
“Según testigos del hecho los agresores dispararon contra los estudiantes y les dieron el tiro de gracia. Ese mismo día los agresores mataron e hirieron a otras personas en su ruta de escape”.
Indicaron que la Fiscalía General del Estado identificó a los agresores como un grupo delictivo que operaba en Chilpancingo y su modus operandi era el asalto con violencia. Estaban involucrados en por lo menos tres hechos violentos más, principalmente de asalto a tiendas de conveniencia con saldo de varias personas asesinadas.
De ellos, cinco fueron detenidos y procesados bajo el nuevo sistema de justicia penal. El 4 de septiembre de este año les dictaron una sentencia de 60 años de prisión.
A partir de este ejemplo, denunciaron que “la violencia no sirve a la autoridad para marcar un punto de no retorno e implementar medidas de no repetición, por eso la violencia en el corredor de Chilpancingo – Chilapa y Tlapa aumenta exponencialmente, esos lugares se han convertido en zona de guerra en la que los grupos delincuenciales mantienen un autogobierno”.
Afirmaron que “las instituciones están desdibujadas y sólo son espectadoras de los múltiples asesinatos y quemas de unidades del transporte público. Pero lo más preocupante es que abdican de su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y sin rubor”.