Karina Contreras

Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

Alrededor de 200 personas marcharon para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas, y manifestaron que la Cuarta Transformación los engañó con que habría justicia, pero se sigue viviendo en un México y un Guerrero de impunidad.
La marcha salió a las 10 de la mañana del toril de Aguas Blancas al Vado donde 17 campesinos fueron asesinados el 28 de junio de 1995 durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Bajo las consignas “Aguas Blancas no se olvida”, “Gobierno asesino que matas campesinos”, “Ni perdón, ni olvido castigo a los asesinos”, los manifestantes marcharon en la carretera que lleva al Vado bajo los intensos rayos del sol.
La marcha tardó casi una hora en llegar al lugar del mitin donde fue colocada una corona de flores en el monumento levantado para los caídos, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez (quien todavía sigue desaparecido), así como para exigir insumos para el campo.
Ayer en un mitin en el monumento levantado en memoria de los campesinos masacrados por la Policía Motorizada, el sobreviviente y uno de los fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que sigue la impunidad mientras “el chacal” de Rubén Figueroa Alcocer sigue “gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien nos prometió justicia en el caso de Aguas Blancas, que iba a retomar el caso Aguas Blancas, pero fue pura mentira”.
Mesino Acosta dijo que uns fueron los hechos de hace 28 años en los que fueron asesinados los 17 campesinos y más de 23 heridos, pero después de la masacre siguieron encarcelando, y “apretaron más la represión y empezaron a desaparecer y a asesinar a los campesinos”.
Recordó que fueron asesinados sus hijos Miguel Ángel y Rocío Mesino mientras “el chacal” sigue gozando de la libertad, por eso convocó a los presentes a no dar un paso atrás, “se tiene que seguir la lucha para lograr la justicia”.

“Se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad”

Mientras que la encargada de leer el posicionamiento del acto fue Norma Mesino dijo que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó el asesinato de los campesinos a la Policía Motorizada y desde hace 28 años los grupos del poder político y económico que “se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad. Desde 1995 esta siempre la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad cometido en contra de los campesinos”.
Señaló que de todos los gobiernos federales y estatales de todos los partidos, incluyendo a Morena, ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. “La pasividad de los gobiernos en turno demuestra su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del Vado de Aguas Blancas”.
Subrayó, “queda hoy la responsabilidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad”.
Norma Mesino expuso que la OCSS y las organizaciones sociales exigen que se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, que señala que existieron violaciones graves a las garantías y que el responsable fueron el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Indicó que la masacre de Aguas Blancas es una grave violación al derecho a la vida, exigió verdad y justicia para los asesinados en el Vado de Aguas Blancas; justicia para los asesinatos de Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Avecedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Demandó la libertad de los sobrevivientes de la masacre e integrantes de la OCSS, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Tita Radilla Martínez dijo que han pasado 49 años de la detención y desaparición de su padre Rosendo Radilla por soldados del Ejército en Atoyac, y que México sigue en la impunidad porque a pesar de que se tuvo una sentencia de la Corte Interamericana no se ha podido tener justicia.
Mencionó que se creó una Fiscalía Especial que no “sirvió para nada porque no hubo ningún caso esclarecido ni ningún responsable sujeto a proceso. Como todos los casos la impunidad es total y tenemos un México impune, un México que desde ayer hasta hoy es el mismo. Los responsables de procurar la justicia son los mismos que han estado siempre, sólo se cambio a los jefes, pero las mismas políticas anteriores son las de ahora para culpar a los compañeros presos políticos”.
La activista dijo que las organizaciones tienen que seguir en la lucha, pero “juntos, tratando de que no nos agarren separados”.
Expuso que para el caso de los desaparecidos se creó la Comisión de la Verdad, pero lamentablemente no tiene avances sustanciales, es mínimo lo que han hecho y no se tiene una fiscalía que dé fe cuando se hacen las diligencias de las evidencias que puedan encontrarse, y “por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica y eso es la falta de voluntad política del Estado mexicano”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, dijo que cada dos meses “estaría con nosotros revisando ese proceso y hoy no quiere recibirnos, solamente tres reuniones hemos tenido con él desde el inicio, pero hoy no quiere recibirnos”.
Recordó que la situación es muy difícil y ejemplificó que su colectivo tiene cien casos, pero la mayoría ha muerto, nada más tienen a cinco mamás y papás no tienen ninguno, la mayoría están enfermos.
Señaló que un dolor como el que han pasado crea enfermedades y como nunca han sido atendidos los casos, la gente está muy enferma, es una “situación bastante grave y el Estado mexicano no se ha hecho cargo de atender este proceso”. Indicó que en su caso no hay una investigación efectiva que pueda dar con el paradero de su padre y los cientos de desaparecidos del país.
Tita Radilla expuso que se vive una situación grave en el país con miles de personas desaparecidas y que están en los semefos, pero el Estado no es capaz de identificarlos y entregarlos a la familia.
“Es muy difícil ver a las familias cómo andan rascando la tierra, moviendo piedras en los lugares más difíciles y muchos de los cuerpos están en esos semefos, por lo que es urgente que se tome en cuenta esa situación”.

La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández dijo que tienen el deber moral de seguir luchando por la justicia en los crímenes de sus familiares. La actividad concluyó poco después de la 1 de la tarde.