Este mes se cumple un año sin avances en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,  Vidulfo Rosales Sierra, y afirmó que al Estado mexicano ya no le hacen mella los cuestionamientos de los organismos internacionales sobre las irregularidades reveladas por expertos independientes.
Ayer en la Ciudad de México los padres de los estudiantes desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central. Los manifestantes están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves 20, hasta que la PGR dé un indicio de que retomó las líneas de investigación que dejó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
En consulta telefónica, Rosales Sierra confirmó que hace meses los padres y representantes legales denunciaron la tendencia del Estado de administrar este conflicto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin dar resultados, pero abierto el proceso sigue generando saldos negativos en el gobierno, opinó.
Es decir, las instituciones vulnerables a la corrupción que erosiona la imagen de México en el ámbito comercial internacional ya no sólo administran el conflicto, sino que van propiciando el cierre para blindar las campañas presidenciales de 2018, en particular las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió.
Aseguró que desde abril de 2016 es factible jurídicamente solicitar la consignación de los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha dijo que no hay certeza si el condado de Chicago, en Estados Unidos, no ha enviado la información sobre una investigación de trasiego de droga desde Iguala, o si el gobierno de México no la ha solicitado, esto para fortalecer la línea de investigación que planteó el GIEI sobre el trasiego de droga y dinero al extranjero como el móvil de la agresión y la coordinación de agentes del Estado implicados en los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Siguen esperando el análisis de la información de los números telefónicos de estudiantes, agentes implicados, el contenido de las conversaciones.
Consideró que la única la explicación a tanta omisión ni es incapacidad, la complejidad, ni falta de recursos, sino que viene la contienda electoral en 2018 y Ayotzinapa estará en la agenda de los candidatos, “si estamos hablando es un caso de alto impacto que conmocionó, generó indignación generalizada, abrió grietas en el poder público, abrió heridas que siguen abiertas, eso preocupa a las autoridades”.
Ante los señalamientos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forman el nuevo mecanismo de seguimiento y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés y también conocida como WOLA) , que cuestionaron la insistencia en una versión descartada con pruebas científicas.
Opinó que el Estado ha ido creando una coraza resistente, “no hacen mella ya en este gobierno, tiene más preocupación por relaciones diplomáticas de otra naturaleza. Han creado reticencias, se hacen inmunes al escrutinio, es grave porque eso sólo sucede en regímenes totalitarios”.
Señaló que el gobierno mexicano le apostó a las políticas del mercado, facilitó las reformas estructurales de comercialización y privatización y para contener la resistencia de organizaciones sociales que se oponen, tiene un aparato que sirve para cometer desaparición forzada, detener y encarcelar activistas.
Al mismo tiempo, “tenemos el fenómeno del negocio de las drogas que generan los grupos de la delincuencia en el país, que en la disputa del control del territorio genera violencia desbordada creando una especie de autogobierno, se han apoderado de las instituciones y las han puesto en servicio de estos grupos”, señaló.
La particularidad de Guerrero es que concentra mucha más pobreza, el sufrimiento crece y los gobiernos caciquiles tienen un esquema “feudal”. Dijo que gobiernan ganaderos y comerciantes, que frente a la violencia quieren ocultar la realidad.
“Me parece grave que en el gobierno, Héctor Astudillo quiera dar la impresión de que no ocurre la violencia desbordada y se argumenta, incluso se hace llamados a medios de comunicación y a quienes alzamos la voz, a que no lo hagamos porque ahuyenta el turismo”.
Insistió en que se tiene que poner en movimiento todo el aparato del poder Ejecutivo y Judicial en seguridad y justicia, para desmantelar las redes de complicidad.  “Ya es inocultable dado los altos índices de violencia, no puede seguir errando, cuando están matando políticos”.
Planteó al gobierno estatal que no descalifique las críticas, que se reconozca el diagnóstico real de la violencia y llame a cerrar filas con inventiva.