EL-SUR

Sábado 18 de Mayo de 2024

Guerrero, México

Guerrero  

Marchan padres de los 43 en Ayutla; desalojan el INE y un juzgado y protestan en la cárcel

Se manifiestan en la Sagarpa donde comisarios recriminan a la encargada que cobra 500 pesos a campesinos de 18 comunidades para hacer trámites. Encara el integrante del FODEG, Hoguer Morales al juez Esteban Saldaña por la libertad de nueve presos políticos. Se manifiestan 200 activistas en la cárcel en apoyo a Arturo Hernández

Jacob Morales AntonioAyutla

Septiembre 05, 2017

A 22 días de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sus padres marcharon durante tres horas en las principales calles de la cabecera municipal de Ayutla para recordarle a la población que el caso sigue sin avances, como en el primer día, desalojaron dos oficinas e hicieron un mitin afuera de la cárcel.
La protesta inició a las 11 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ayutla, se sumaron las exigencias de la libertad de los presos políticos en el estado, y un alto al cobro de trámites de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el contingente de poco más de 200 personas iban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que no dejaron de exclamar los números del 1 al 43 por sus compañeros desaparecidos.
También se vio a integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los desplazados de La Laguna de la sierra de Coyuca de Catalán, 18 comisarios de comunidades de Ayutla y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la comunidad de El Tamarindo.
En las mantas que portaron los manifestantes se leía, “Los desplazados de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, exigimos el regreso de los 43 normalistas. Presos políticos libertad”.
En la vanguardia los padres de los 43 normalistas iban encabezados por Melitón Ortega, quien una y otra vez recordó que el gobierno poco hace por esclarecer la desaparición de los estudiantes, y se niega a abrir las líneas de investigación hacia el Ejército, a la Policía Federal, el trasiego de droga Iguala-Chicago, hacia el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dar a conocer las llamadas hechas desde los teléfonos de los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras la marcha avanzaba por las calles, desde las ventanas de las casas y las puertas algunas mujeres miraban la protesta, algunas preguntaban quiénes eran y por qué marchaban.
Los rostros de los padres de los tres normalistas desaparecidos originarios de Ayutla: Carlos Iván Villanueva, Mauricio Ortega Valerio y Felipe Arnulfo Rosa eran esperanzadores. También acudió la familia de Aldo Gutiérrez Solano quien está en coma desde los ataques de hace casi tres años.
Para las 12:30 del día la movilización llegó a las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa, ahí los comisarios encararon a la encargada a quien le recriminaron el cobro hasta de 500 pesos a los campesinos de 18 comunidades para hacer trámites de los programas gratuitos para el campo.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las instalaciones de la Junta local número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los padres de los 43 normalistas reprocharon el dinero entregado a los partidos políticos y responsabilizaron al instituto de ser cómplice de la corrupción.
Señalaron que por eso en Ayutla las comunidades retomaron el modelo de elección de sus autoridades por Usos y Costumbres y que eliminarán las malas prácticas de los partidos políticos. Indicaron que otros municipios del estado tienen el mismo derecho.
De las oficinas salió el presidente vocal ejecutivo Agustín Moreno Pérez, a quien los padres solicitaron desalojar a los trabajadores de las oficinas y a todas las personas que estaban en el lugar. Visiblemente molesto aceptó. En la fachada del inmueble fueron escritos frases como “nos faltan 43”.
El paso firme de los manifestantes siguió hasta las oficinas del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Allende, del Tribunal Superior de Justicia, donde el integrante del FODEG, Hoguer Morales Miranda encaró al juez Esteban Saldaña para que sean cancelados los procesos que se les sigue a nueve presos políticos en el estado.
Entre los que están integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Ayutla y Chilpancingo. Ahí los integrantes del FODEG se dijeron en “activa movilización”, y el inmueble también fue desalojado por los manifestantes.
A las 2 de la tarde el contingente se apostó afuera de la cárcel de Ayutla, donde se solicitó desde las bocinas al director del penal que dejara pasar a una comisión a visitar al preso político Arturo Campos Herrera, sin embargo las puertas del penal fueron cerradas y no hubo respuesta.
El dirigente y luchador social de Atenco, Ignacio del Valle exigía la libertad de los presos políticos, una fuerte lluvia se dejó caer pero su voz no cedió y señaló que los presos lo estaban porque respondían a los intereses del pueblo y no del gobierno, en temas como la seguridad.
La entrada del penal fue cubierta con las mantas que los integrantes de las organizaciones llevaron en la protestas.
Al término de la movilización los padres de los 43 normalistas hablaron con los 200 asistentes y los invitaron a sumarse a las movilizaciones a tres años de la desaparición de sus hijos, y también al grito popular de independencia.