Sólo le permiten videovisitas, pero deben ser desde dentro del penal; le dan raciones de alimento “ra-quíticas”, le niegan su correo e información. Aún así, dice a El Sur vía telefónica desde el Cefereso que la sentencia de 22 años “ha sido un golpe muy duro, pero seguiré en la defensa pacífica de derechos humanos”. Sus defensores alertan sobre el ensañamiento contra la abogada amuzga
Julio 05, 2022
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Kenia Inés Hernández Montalván, activista privada de la libertad en un penal federal de máxima seguridad en Morelos desde octubre de 2020, cuenta en menos de 10 minutos lo que ha vivido en su encierro de un año y ocho meses. Para empezar, narra, uno de los grandes problemas es la comunicación. Sólo tiene derecho a una llamada de tiempo reducido cada semana, y una se la otorgó a El Sur para explicar su situación actual.
La integrante del colectivo Zapata Vive enlista al menos 14 graves violaciones de derechos humanos en la cárcel y al menos la mitad la afectan directamente. La incomunicación es de las más severas, la perjudica a ella y a sus compañeras. Únicamente puede recibir una visita familiar cada 15 días. “Me quieren dejar aislada”, insiste.
Tiene argumentos para sostener la afirmación de que se encuentra bajo aislamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil, en Coatlán del Río. Es un penal de máxima seguridad y dentro de éste la defensora de derechos humanos ha sido ubicada en un área de máxima seguridad, donde sólo hay seis internas más.
“Las que estamos ahí conocemos de leyes. Tenemos una carrera y nos consideran un peligro para el resto de la población porque conocemos de derechos”, resalta Kenia, quien es abogada de profesión y feminista.
Se ha violentado su derecho al debido proceso, dice. “No hay suficiente internet para conectarnos a las audiencias. Desconectan a una de nosotras para poder conectar a otra”.
Agrega a la lista de agravios la inexistencia del derecho a la información para las personas presas. “Yo he preguntado cuál es el presupuesto para el penal y no he recibido respuesta, cuando se supone que son datos públicos”.
Kenia solicitó el presupuesto después de varios incidentes. La porción de alimentos, detalla, es cada vez menor. “Raquítica”. Se violenta, menciona también, el derecho a la salud. “No tenemos servicio médico, sólo una doctora de guardia que cubre algunas horas los lunes y martes”. El resto de la semana, si ella u otra presa enferma o padece una molestia física, debe esperar hasta que sea lunes o martes.
Tiene derecho a una sola llamada de 10 minutos con los abogados que llevan su defensa. En el penal no existe acuse de recibido cuando las presas quieren enviar un documento. Kenia mandó a un juez federal de Acapulco la respuesta a una acusación formal de su proceso. “Nunca llegó y eso hizo que el juez me dejara en estado de indefensión. Ya no puedo presentar pruebas a mi favor en ese juicio”.
Además de lo anterior, se queja, no le entregan su correspondencia. “Organizaciones y compañeras me han mandado (cartas, documentos). No recibo nada”.
Inadmisible, usar la prisión
“para someter las ideas”
Kenia no pierde el tiempo en la conversación, la cual tomó semanas para concretarse debido a las estrictas reglas en el penal. Habla de prisa pero con claridad. “La sentencia que recibí ha sido un golpe muy duro, pero seguiré aquí en la defensa de derechos humanos de forma pacífica”.
Se refiere al fallo en su contra por un presunto robo. “Ha sido totalmente injusto todo, desde el momento en que me acusan, cuando ni siquiera estuve en el lugar de los hechos, en el caso del proceso de Ecatepec”.
Su defensa presentó pruebas de geolocalización. Se probó en el proceso que Kenia estaba en Xochistlahuaca, Guerrero, de donde es originaria, cuando habría sucedido el supuesto robo.
“Testigos me vieron ahí, pese a ello me dieron sentencia condenatoria”.
La activista vive en el penal la realidad cotidiana de miles de presas en el país, ante un “sistema penitenciario derruido”. Pero en su caso, enfatiza el abogado defensor José Antonio Lara Duque, “la prisión es usada para doblegarla”.
Entrevistado por separado, el integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el cual respalda a Kenia Hernández en su proceso legal, expone que ella es considerada presa de alta peligrosidad, como si se tratara de una persona entrenada “por fuerzas militares u órganos de espionaje internacional”.
Para Lara Duque, “su peligrosidad radica en la capacidad que tiene para proteger sus derechos y organizar a las personas”. Es inadmisible, recalca, que “se use la prisión para someter las ideas, pensamientos y posturas”.
“Sanción ejemplar” contra
Kenia y lo que representa
El abogado explica que su defendida ya tiene sentencia condenatoria en el ámbito del fuero común por supuesto robo en el Estado de México. Originalmente había dos sentencias: una de 10 años y seis meses, otra de 11 años y tres meses. En apelación, un tribunal de alzada le dio en total 22 años y seis meses. Primero tiene que cumplir una condena para que empiece la otra.
“El tribunal consideró que ella es más peligrosa de lo que se suponía al principio. No son sentencias mínimas, son medias”, hace notar Lara Duque.
El abogado explica que en el Estado de México el delito de ataques a las vías de comunicación es mínimo. “Si ahí sólo la hubieran acusado de eso, no la hubieran podido mantener en prisión. Por eso nos referimos a la fabricación de un delito”.
Kenia sí participó en protestas, pero “jamás robó un peso”. En un caso “evidenciamos contradicciones” de la parte acusadora, “era un sinsentido lo que decían”. En el otro, se argumentó ante el juez que los supuestos 3 mil 500 pesos que habría robado Kenia de cada caseta, en realidad era el monto que ellos creían que se debió de haber reunido durante el tiempo que duró la protesta, no dinero robado por ella.
“Por eso hablamos de una sanción ejemplar. Claro que es elegida porque tiene condiciones particulares de discriminación: mujer, afroindígena, defensora. El castigo sí es personalmente contra Kenia, pero también es simbólicamente para lo que representa”.
Ademas de la cárcel,
“tortura psicológica”
Fabiola Vite, abogada defensora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, confirma que una de las dificultades en el penal es la falta de personal médico con la capacidad para atender las necesidades de las mujeres presas.
Cuenta que Kenia ha presentado algunas dificultades de salud y no ha contado con un servicio oportuno. “Tener acceso a medicamentos es realmente muy difícil”.
Relata que, recién ingresada a prisión, a Kenia le dijeron que podía tomar agua de la llave, que era potable. “Ella sentía que tenía mucho cloro. Eso la llevó a tener una fuerte infección en el estómago. También me habló de comida echada a perder. Pescado. Ella y compañeras suyas estuvieron enfermas por esa situación”.
Ahora es la reducción de las raciones de alimentos. “Se la pasan con hambre las internas porque es poca comida”.
Con el pretexto del Covid-19, todas las visitas son televisitas. Las familias acuden al penal y desde una computadora ven a las presas. “Si son videollamadas, valdría lo mismo hacerlo desde casa. Es un gasto ir”, dice Vite.
La familia de Kenia reside en la Costa Chica de Guerrero. Tiene dos hijos, de 9 y 7 años, que son llevados a Morelos por adultos. Aunque se trata de televisitas, a los niños les hacen pruebas de Covid. “Es un terror para ellos por el hisopo que introducen en la nariz. (Deben) vivir eso cada vez que van a ver a su mamá”.
Es por las televisitas que no ha tenido contacto cercano con más familiares. Aparte de que ella era el sustento de sus dos hijos y de sus papás.
Fabiola Vite también denuncia la reducción de las llamadas en el penal. Pasa mucho tiempo para que se concrete una y es de 10 minutos cerrados. La situación que Kenia Hernández padece en la cárcel, apunta la abogada, es tortura psicológica. “El hostigamiento judicial repercute en su salud mental, disminuye su calidad mental y de vida. Perjudica para seguir en su defensa de derechos humanos”.
La saña, por ser mujer,
indígena, afrodescendiente
Los integrantes del Centro Zeferino Ladrillero han efectuado acciones y protestas para visibilizar el caso. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo a principios de junio que Kenia “enfrenta una justicia que no llega por su activismo en el país”.
Así, analiza Vite, “adjudica al Poder Judicial la criminalización o que siga ella privada de la libertad”.
Este caso, concluye Vite, se trata de “la criminalización de una mujer afroindígena defensora. Es importante destacar estas características porque su prisión viene de un fuerte racismo y machismo que identificamos”.
Ser indígena, afrodescendiente, mujer que participa en asuntos públicos y levanta la voz, enumera la abogada, origina la saña contra Kenia. Lo deja claro que existan nueve procesos en su contra. “Se da en un contexto en que son criminalizadas mujeres que se movilizan y expresan su incomodidad ante asuntos sociales”.
Han insistido, incluso el juez que lleva su causa en Guerrero, en llegar a un acuerdo reparatorio entre las partes. La respuesta del acusador fue que no era de su interés.
“Quieren castigar. Este castigo nos dice a todos y todas que inhibamos la protesta, que dejemos de ser incómodos”.
Nueve denuncias a raíz
de protestas pacíficas
En el ámbito federal, hay siete denuncias contra Kenia Hernández. Tres en Guerrero, tres en Guanajuato y una en Morelos. Es acusada de la liberación de casetas en siete hechos distintos. Las acusaciones están en un procedimiento penal acusatorio adversarial, en etapa intermedia.
La defensa promovió amparos contra las decisiones de vincularla. Uno fue otorgado a favor de la defensora de derechos humanos.
La parte acusatoria lo impugnó. Está suspendido en un tribunal colegiado de Guerrero. Otra de las causas penales en el estado también está suspendida por amparo.
El proceso de Guanajuato está suspendido por falta de intérprete. En el de Morelos sí es inminente el juicio.
Kenia lo ha reiterado en distintas ocasiones desde su detención: nunca ha estado en Guanajuato. En Guerrero y Morelos sí participó en manifestaciones
Las manifestaciones fueron en el contexto de sus actividades en el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (Molpeg). También hubo protestas por personas desaparecidas.
Interpuso la denuncia Caminos y Puentes Federales (Capufe), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) “que tiene cierta autonomía técnica y jurídica para operar”, señala Lara. Afirma que también “es una suerte de representación de las empresas privadas concesionarias de las autopistas en México”.