El presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y representante legal del magisterio disidente, Rubén Cayetano García dijo que si las autoridades desistieron de aplicar sanciones y despedir a los maestros que se negaron a participar en la evaluación del Servicio Profesional Docente el año pasado, fue porque en los juicios de amparo se mostró que se contrató a notarios públicos para que constaran que los docentes recibieran la notificación, lo cual es ilegal.
El viernes, al concluir un recorrido por las obras de pavimentación en Tres Palos, el gobernador Héctor Astudillo Flores habló sobre los amparos que ganaron mil 20 maestros agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y dijo que “no hay conflicto con los maestros, la nota de los amparos no hay razón de ser, porque hubo un desistimiento desde hace varios meses, que fue un acuerdo nacional, entonces no hay litis, no hay pleito con ningún maestro, así de sencillo”.
Consultado vía telefónica sobre las declaraciones del gobernador, Cayetano García dijo “es falso lo que dice el gobernador, en primer lugar porque desde el régimen se bloqueó la procedencia de los amparos, fueron desechados todos los juicios de amparo y por eso recurrimos a los tribunales colegiados… no fue una lucha sencilla”.
Puntualizó que el magisterio disidente, no sólo emprendió una estrategia jurídica, sino que también hubo una política, para evitar el cese de quienes no se evaluaron y protestaron en contra de la reforma educativa.
“El desistimiento es falso, lo que nosotros obtuvimos de manera jurídica fue la estabilidad de los docentes”, debido a que las autoridades no mostraron los “procedimientos sancionatorios, los tuvieron bajo resguardo y en absoluta secrecía. Al rendir los informes, que deben hacer por obligación en un juicio de amparo, nos dimos cuenta de las irregularidades”, expuso.
Declaró que las irregularidades fueron en el proceso de la evaluación, como el endorso de las notificaciones a los talones de pago de los trabajadores y para justificar el proceso, “(las autoridades) contrataron notarios públicos, nosotros llamamos al Colegio de Notarios para que se abstuvieran de validar procedimientos totalmente contrarios a la ley, un notario no es una autoridad, es un fedatario, pero no puede intervenir en procesos que corresponden estrictamente a las autoridades”.
Continuó, “como los notarios no son autoridades y como las autoridades carecían de fedatarios para constatar la entrega de las notificaciones, quisieron validar el procedimiento, que es ajeno a la ley; fue entonces cuando las autoridades demandadas en los ámbitos estatal y federal, al advertir el error, prefirieron desistir y echarse para atrás al declarar que los procedimientos (ceses y sanciones) habían sido dejados sin efectos”.
Precisó que “esto significa que el gobernador prefirió proteger a notarios públicos que a la clase trabajadora del sector educativo”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).