Los pueblos originarios de la parte baja de la Montaña continúan padeciendo pobreza, discriminación y violación a sus derechos humanos, coincidieron organizaciones no gubernamentales en una consulta sobre la situación de sus comunidades en esta zona del estado.
Representantes de Zihuame Xotlametzin, organización dedicada a la promoción de la salud y atención de la violencia hacia las mujeres; y del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), fueron consultados sobre la situación actual de las localidades de la zona rural de esta zona, durante el Día Internacional de las Poblaciones Originales instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994, para conmemorarse cada 9 de agosto.
Para Isabel Dircio Chautla, representante de Zihuame Xotlametzin (Mujer Luciérnaga), la mujer continúa siendo discriminada por su origen étnico, por provenir de zonas de alta marginación, es decir, por ser pobre y mujer.
Dijo que el Estado no ha garantizado el derecho a la salud de las mujeres, y menos a su salud reproductiva, además de que continúan padeciendo violencia doméstica, económica y patrimonial, así como institucional.
Las mujeres que padecen algún tipo de violencia, dijo, cargan durante años un historial con consecuencias psicológicas.
“La violencia se ha naturalizado, ya no se reconoce, tampoco se le da difusión ni se emiten alertas de las instituciones públicas”, dijo la activista.
Como falta de acceso a la salud ejemplificó la falta de espacios en el Hospital General de Chilapa, que tiene 10 camas para atender a mujeres embarazadas de los municipios de la Montaña baja; además, aseguró que no ve interés del gobierno del estado ni del federal de concluir el nuevo hospital general, en las afueras de esta ciudad.
“En el hospital de Chilapa no hay especialistas los fines de semana, y las mujeres son mandadas a practicarse costosos estudios de ultrasonido a clínicas o laboratorios particulares”, señaló.
A estas alturas, comentó Isabel Dircio, la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas que suscribió el Estado mexicano ha quedado sólo en el papel y en el discurso.
“Tampoco se fortalece la medicina tradicional, la partería ni la cultura de los pueblos. No hay interés ni una postura por parte del Estado”, agregó.
Dijo que su organización ha constatado que en el Ayuntamiento de Chilapa la regiduría y la dirección de Asuntos Indígenas desconocen sus funciones, y que sólo buscan a los pobladores de los pueblos originarios cuando llegan las campañas políticas.

Sigue igual de grave que hace 40 años la situación económica y social de la zona rural, dice Manuel Olivares

Por su parte, Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos, dijo que continúa siendo grave la situación económica y social de los pueblos de la zona rural, igual que hace 40 años.
“Los jóvenes (no tienen) oportunidades de estudio ni de empleo, tampoco hay salarios dignos; la consecuencia es la migración cada vez más creciente en Chilapa, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo y Atlixtac, hacia los estados del norte del país… La marginación ha hecho que la Montaña baja sea uno de los principales expulsores de mano de obra barata en los campos de hortalizas”, advirtió.
Olivares Hernández señaló que no hay políticas públicas para abatir las condiciones de pobreza y garantizar el acceso a los servicios básicos. Además, la migración que provoca la pobreza ha aumentado.
El luchador social consideró que los programas sociales implementados por los gobiernos estatal y federal han creado en los pueblos originarios una nueva cultura de la dependencia, y que no han resuelto de fondo los problemas económicos y de producción en la región.
Abundó que los programas, “fungen como instrumentos de control social, mantienen la pobreza, mantienen a los habitantes de las localidades divididos y, en tiempo de elecciones esos programas sociales determinan por presión por cuál partido político la gente va a salir a votar”.
Un nuevo fenómeno social que están padeciendo las comunidades de Chilapa y Zitlala, alertó Manuel Olivares, es el desplazamiento forzado masivo o de familias enteras a causa de la delincuencia. Tal problema se empezó a notar a inicios de 2016.
El Centro Morelos también ha documentado la falta de acceso a los servicios básicos de salud, educación y hasta de seguridad en las localidades de los municipios que conforman la Montaña baja.