El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos) emitió este domingo una alerta a las autoridades federales, estatales y municipales ante el riesgo en que se encuentran 11 familias de Quetzacoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, por la denuncia que hicieron ante los medios de comunicación el jueves pasado de las condiciones en que viven y por la insensibilidad de las autoridades que no las han apoyado.
El organismo no gubernamemtal criticó la respuesta que dio el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien declaró el viernes que el caso de las familias de esa comunidad está siendo atendido por el gobierno federal en coordinación con el colectivo de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El Centro Morelos le replicó al funcionario que el caso no está siendo atendido por ninguna autoridad y menos hay coordinación con el colectivo Los Otros Desaparecidos. Reprochó que es el Centro Morelos quien le ha solicitado varias veces audiencia para gestionar apoyo para las familias pero que no ha tenido respuesta.
Ante el deslinde que han hecho autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Centro Morelos alertó que las familias podrían ser víctimas de un nuevo ataque por parte del grupo armado que los atacó el 6 de enero del 2016 con resultado de seis asesinados, cuatro de ellos a balazos y dos degollados.
El organismo recordó que el gobierno estatal, municipal y la misma Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) elaboraron una minuta en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación, y alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad”, se lee en la alerta enviada este domingo.
El Centro Morelos sostiene que el riesgo en que viven las 11 familias de Quetzalcoatlán es real ahora por haber denunciado las condiciones en las que viven desde su desplazamiento hacia Zitlala debido a la violencia que vivieron y luego su retorno a la misma comunidad tras ser engañados por las autoridades estatales y municipales de que serían apoyados y protegidos, ofrecimiento que incumplieron.
La grave situación en que viven es a raíz de la incursión armada que hizo un grupo que ahora se hace llamar Paz y Justicia que tiene bajo su control la comunidad vecina de Tlaltempanapa por donde tienen que pasar los de Quetzalcoatlán para viajar a la cabecera municipal, informó el Centro Morelos.
Ese día dicho grupo armado asesinó a Julián y Andrés Lara Tlatempa, a Gerardo Lara Zapoteco, Reynaldo Marabel Lara (de apenas 15 años), a Salvador Flores Tlatempa y a Federico Tejeda Marabel.
Posterior a esos hechos, las familias se desplazaron a la cabecera municipal donde se encontraron con varias irregularidades para acceder a la justicia. Agentes del gobierno municipal y el mismo Ministerio Público (MP) intervinieron para que no se hicieran las denuncias correspondientes.
Después de varios meses de permanecer como desplazados en Zitlala, el gobierno estatal, municipal y la misma Codehum elaboraron una minuta donde se deslindan de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
El Centro Morelos recordó que esos compromisos que fueron “sólo de palabra”, fue reparar el sistema de agua, seguirlos apoyando con despensas y proyectos productivos, así como visitarlos cada mes para estar pendientes de sus necesidades, lo cual no se cumplió.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación ya que por los antecedentes y por el hecho de que los agresores se encuentran a unos cuantos kilómetros realizando retenes, coloca a los habitantes de Quetzalcoatlán en muy alta vulnerabilidad”, advirtió el organismo.
“Alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad, donde actualmente quedan 11 familias de 42 custodiadas por cinco o seis elementos de la Policía Estatal que no son suficientes para enfrentar a algún grupo numeroso de hombres armados”, insistió el Centro Morelos.
Finalmente lamentó que el secretario de Gobierno “no tenga la más mínima idea de la problemática”, pues aclaró que los desplazados de Quetzalcoatlán no han tenido atención de ninguna autoridad ni federal ni estatal y que mucho menos hay coordinación con algún colectivo de familiares de desaparecidos como lo declaró el viernes
“También es necesario recordarle que este centro de derechos humanos en varias ocasiones le ha solicitado audiencia para tratar el problema del desplazamiento y su respuesta ha sido delegar la atención en la dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos de esa secretaría”.