Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé –asesinada en 2016 cuando investigada robo de medicamentos en el IMSS–, Bolívar Darío Rojas Rivas, denunció que después de que exigió en la Ciudad de México en febrero pasado ante el gobierno federal apoyo jurídico, casi 15 días después le respondieron por correo electrónico que no le podían ayudar y que busque por su cuenta la asesoría que necesita, afirmó que con esto el Estado los deja a la familia de la víctima en total indefensión.
También, informó que el homicida de su madre, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, que está sentenciado a 38 años de prisión, ha interpuesto tres amaparos para que se reponga su procedimiento y sea liberado, debido a que el IMSS no ha reconocido que lo que investigaba la doctora Rivas Obé era un robo de medicamentos, que fue el motivo por el que la asesinó, y temen que se revierta la sentencia y vuelvan a enfrentar todas las anomalías con los jueces.
Además, exigen que se añadan cuatro delitos más al homicida: feminicidio, tortura, desaparición y el robo de medicamento, y exigen al IMSS que reconozca dicho delito.
Como lo informó El Sur el 14 y 15 de febrero pasado, Bolívar Darío Rojas Rivas se presentó frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o con algún funcionario del gobierno federal, a fin de informarle la situación del crimen contra la doctora Adela Rivas Obé, quien desapareció el 22 de septiembre de 2016 después de acudir al IMSS en Zihuatanejo y su cuerpo fue hallado el 11 de octubre del mismo año en la playa La Majahua, en ese puerto.
Ayer, consultado vía telefónica, Bolívar Darío contó que tras haber estado tres días en la Ciudad de México para exigir al presidente de la República que atienda el asesinato de Adela Rivas, debido a que las circunstancias de su asesinato involucran al IMSS, pues era trabajadora del instituto cuando ocurrió el crimen e investigaba el robo de medicinas, y su asesino, Edgar Arturo Cuéllar, quien fungía como encargado de farmacia.
Relató que en la capital del país, fueron recibidos por encargados de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, quienes los reunieron con otros dos funcionarios de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, y otros dos representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Manifestó que los cuatro funcionarios tomaron notas y les dijeron que los contactarían y enlazarían con el área de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que recibieran apoyo, que es lo que necesitan porque ya no tuvieron contacto con la asesoría jurídica de Guerrero desde que se dictó sentencia en septiembre de 2018.
Reprochó que aquellos cuatro funcionarios con los que se reunieron, actualmente no les responden ni por llamadas ni mensajes en los números telefónicos que les dieron, y la única respuesta que obtuvieron fue mediante un correo electrónico el lunes 27 de febrero, por personal de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en el que le dijeron que no podían darles acompañamiento ni asesoría jurídica, tampoco tenían la capacidad de gestionar una reunión ni enlazarlos con otros funcionarios y sólo les sugirieron buscar por su cuenta dicha asesoría.
“Entiendo con este correo electrónico que se están lavando las manos, ¿qué clase de apoyo es? Porque solamente nos están diciendo vayan y busquen, cuando a nosotros nos dijeron ‘vamos a estar en contacto con ustedes’, ‘nosotros los vamos a enlazar’, y obviamente no lo han hecho”, sostuvo.
Bolívar Rojas contó que aunado al nulo acompañamiento del gobierno federal, a mediados de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a los familiares que se llevaría a cabo una audiencia en un tribunal local de Guerrero para dictar una orden de aprehensión contra el homicida de Adela Rivas Obé, por el delito de desaparición, siete años después de ser hallada asesinada.
Afirmó que los familiares desconocen qué se dijo en esa audiencia, porque además, les avisaron con media hora de anticipación de que se realizara, y les preguntaron si querían entrar a la reunión virtual, y aunque no lo hicieron, como familiares preguntaron si después podían obtener copia de la audiencia, y la respuesta de la FGR es que la solicitaran con su asesor jurídico, cuando justo es lo que no tienen y el Estado tampoco se los ha facilitado.
Señaló que a pesar de que ya se dictó sentencia de 38 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, tras revisar la carpeta de investigación, la familia considera que hay otros cuatro delitos que se le puede fincar al sentenciado, porque el cuerpo fue hallado en un paraje abandonado, con huellas de tortura, el rostro destruido, lo que implica para ellos, que hubo violencia de género, además, le quitaron sus prendas “con la intención de que no fuese identificada”.
El crimen atroz y violento, señala Bolívar Rojas entra en los parámetros de feminicidio, delito que buscan sea fincado a Edgar Arturo, pues reclaman que al haberlo tipificado sólo como homicidio y no como feminicidio, marca una diferencia de 15 años menos a los que pudo haber sido sentenciado.
Sostiene que también pretenden que se añada el delito de desaparición, por el que la FGR pidió que se abriera un nuevo proceso y se dictó nueva orden de aprehensión al sentenciado, así como el delito de tortura, porque de acuerdo con la carpeta de investigación el cuerpo fue arrastrado 25 metros, además de la zaña y las características de cómo fue asesinada y que había una intención de desaparecerla.
Sin embargo, un delito más que buscan se impute es el “robo de medicamento”, que no se consideró en la acusación que hizo en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, “estamos exigiendo que se aclare si hubo robo de medicamentos o no”, y eso le corresponde al IMSS denunciarlo, porque recordó que Adela Rivas fue asesinada por “la acción de defender los medicamentos” y eso está en el expediente de la Fiscalía.
Argumentó que como familia seguirán buscando que el caso de Adela Rivas lo atienda el presidente López Obrador, porque creen en su discurso de que se acabó la corrupción en su administración, aunque reprochó que en los pocos casos que se logra justicia, y en uno de los estados más marginados y más violentos, aún no hay una justicia integral.