El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga rechazó la acusación del señor Jesús Mendoza Reyes, de que usa su cargo para influir en la libertad del presunto responsable del homicidio de su hijo.
En consulta telefónica afirmó que no tiene ningún interés jurídico en el proceso, y los jueces tienen autonomía para impartir justicia sin injerencia.
Tampoco se ha reunido con jueces ni magistrados para presionar en alguna sentencia. Consideró que en la denuncia hay un interés de afectar su imagen pública.
Indicó que Jesús Mendoza era regidor cuando a su hijo le quitaron la vida, en 2022.
El secretario confirmó que dos funcionarios de la Sedepia fueron llamados a declarar en el proceso penal del que tuvieron conocimiento de manera indirecta; una como agente del Ministerio Público, ahora jubilada. Fue la que integró la carpeta.
El segundo, un maestro que fue testigo de una convivencia de algunos jóvenes que estaban bebiendo en su tienda, incluida la víctima, antes de que ocurriera el delito.
Aclaró que para los servidores públicos es una obligación atender los citatorios del poder judicial. No fueron llamados por su relación laboral con el funcionario.
Además, señaló que sus colaboradores entraron a la Sedepia en 2024, y el implicado fue detenido a finales de 2025.
Por lo tanto, la contratación no está relacionada con el juicio. “Es un tema legal, donde se está requiriendo a las personas que conocieron del delito para que declaren”, puntualizó.
Confirmó que un detenido es esposo de su cuñada, pero no mete las manos por nadie, “si alguien cometió un delito y se comprueba, que sea castigado por la ley. Nunca me he caracterizado por favorecer alguna situación desde mi encargo, ya fui presidente municipal, jamas se me señaló de uso indebido de la función”.
Consideró una falta de respeto para los jueces decir que van a liberar a un detenido porque un secretario va a sobornar a alguna autoridad.
“He trabajado de manera honesta. Quiero decir que están cayendo en actos de difamación en contra de mi persona, en ningún momento he intervenido ni soy Ministerio Público ni juez, para decir cómo se va a resolver”.
Enfatizó que el delito ocurrió mucho antes de que asumiera la Secretaría, y es una coincidencia que sus colaboradores hayan sido llamados como testigos, y están obligados a declarar por mandato legal.
Se deslindó de cualquier circunstancia del proceso en cuestión. Ratificó que en ningún momento se ha utilizado a la Secretaría para favorecer a nadie, en ningún tipo de situación.
Pidió no hacerlo objeto de un juicio sumario en un asunto donde no tiene nada que ver, y expresó preocupación de que se utilice con fines políticos delitos graves para afectar a los actores políticos. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).