Alejandro Guerrero

Iguala

El gobierno de Teloloapan informó que el conflicto con locatarios de la plaza comercial El Progreso es derivado a una sentencia definitiva dictada el 11 de diciembre pasado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), presuntamente porque los comerciantes venden en puestos rentados de los que no acreditan la propiedad, y niega amenazas y persecución contra los vendedores.
Por su parte, uno de los comerciantes afectado que el lunes participó en el bloqueo a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para denunciar el intento de desalojo y demolición de los locales, reconoció que el gobierno del alcalde Narvel Mojica Sotelo inició el año pasado un proceso administrativo, luego de que les empezó a negar el pago de derechos y expedición de licencias comerciales.
Este lunes se conoció el nuevo conflicto del gobierno del alcalde perredista Narvel Mojica contra comerciantes, quienes han denunciado amenazas, hostigamiento y la advertencia de que serán desalojados de sus locales de la plaza El Progreso, ubicada en la avenida Club de Leones, que es la principal vía de acceso al centro de la ciudad.
Luego de la protesta, el gobierno municipal difundió un comunicado de prensa en su página oficial de Facebook en el que muestra parte de la resolución del expediente TJA/SRI/288/2025 del Tribunal de Justicia Administrativa del estado con sede en Iguala.
Informa que con relación a este conflicto suscitado en la plaza comercial El Progreso, “parte de la premisa del Sobreseimiento declarado por la Sala Regional Iguala del TJA de la sentencia definitiva dictada en autos del 11 de diciembre del 2025, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión”.
Afirma que “la situación legal de los quejosos es que vienen vendiendo (sus productos) en locales rentados sin acreditar la propiedad de los mismos”.
Aunque los comerciantes de esta plaza comercial que lleva operando desde la administración 2005-2008 han denunciado que el alcalde Mojica Sotelo se ha negado al diálogo y ha recurrido a las amenazas y hostigamiento, en el comunicado afirma que “no ha tomado ni tomará medidas represivas, ni de amenazas y de persecución, ya que nuestra política y accionar municipal ha sido de trabajo, lealtad, compromiso y respeto hacia la población”.
Afirma que el alcalde “actuará siempre en apego al estado de Derecho y respetando las resoluciones”, afirma que mediante el diálogo y la concertación ha logrado que “un buen número de comerciantes de esta plaza hayan aceptado su reubicación en el nuevo mercado Progreso”.
Para este jueves al mediodía se espera que se realice la mesa de diálogo y negociaciones entre el gobierno municipal y los comerciantes afectados con la mediación de representantes del gobierno estatal.
Este martes uno de los comerciantes afectados, Roberto Carlos Castañeda Sánchez, dijo que hay la disposición e interés de los 27 comerciantes que siguen activos de los 120 locales comerciales que tiene la plaza Progreso, para aceptar una reubicación mediante un proyecto que les sea presentado, lo cual no se ha hecho, o que en su caso, se les permita continuar en sus locales, que se les cobren los derechos y se derriben los locales que ya no son ocupados.