Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Pobladores de comunidades de San Luis Acatlán y de Marquelia, así como el Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que bloquearon el martes y miércoles la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en el puente de Marquelia, denunciaron la insensibilidad, el racismo y la indiferencia de autoridades de los gobiernos federal y estatal que no los atendieron
Los vecinos de ocho pueblos Ñuu saavi (mixtecos) de San Luis Acatlán y tres afromexicanos de Marquelia denunciaron este jueves mediante un comunicado que las autoridades federales y estatales a las que pidieron su inclusión al censo de damnificados por las lluvias del huracán Erick, no fueron a reunirse con ellos ni les han informado la fecha para la instalación de la mesa de diálogo.
“El gobierno minimizó nuestra exigencia ignorándonos como siempre, como si no existiéramos, como si nuestras vidas valieran menos y nuestros derechos no contaran”, reprocharon en su comunicado.
Los indígenas y afromexicanos bloquearon 12 horas el martes y tres el miércoles la vía federal. Además, la noche del martes tomaron el Palacio Municipal de San Luis Acatlán y retuvieron al alcalde Adair Hernández Martínez, que fue con el único que dialogaron esa noche y la mañana del miércoles.
“Ya entendimos: los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y afromexicanas solo valen en tiempos de elecciones o cuando somos sumisos, mientras nuestros pueblos permanecen en el abandono y rodeados de violencia”.
Reprocharon que, en vez de dar respuestas a sus demandas, el gobierno del estado quiso desprestigiar su movimiento.
“El subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodríguez, inventó que retuvimos a la embajadora de Noruega. Esto no ocurrió, por el contrario, se solidarizó con nuestros pueblos, escuchó nuestras demandas, compartió las similitudes de las afectaciones por la crisis climática en Noruega y se comprometió a llevar nuestras peticiones a nivel estatal y federal”.
Explicaron que el martes, después del bloqueo se trasladaron al Palacio Municipal de San Luis Acatlán para exigir al presidente municipal, Adair Hernández, respuestas al porqué no se realizó el censo y por qué abandonó a los pueblos. “El presidente afirmó que sí había entregado un reporte de las afectaciones a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
Informaron que durante toda la noche del martes el alcalde estuvo esperando, junto con ellos, comunicación con el delegado de los programas federales Iván Hernández, “y a pesar de más de veinte llamadas nunca respondió”.
Informaron que la mañana del miércoles el presidente municipal recibió una llamada del gobierno del estado en la que le informaron que se instalará una mesa de diálogo entre las autoridades de los pueblos e Iván Hernández.
“Sin embargo, el gobierno del estado no quiso definir ni fecha ni hora”.
Advierten en su comunicado que en asamblea de sus pueblos acordaron que si el gobierno estatal no les define la fecha y la hora para la mesa de diálogo, “y no bajan a escuchar directamente a nuestro pueblo, seremos obligados a retomar el bloqueo del puente en Marquelia”.
Insisten que la gobernadora Salgado Pineda “mire de frente las realidades de nuestras comunidades. No puede ser que sigamos en el mismo abandono generación tras generación, y lo que hoy exigimos no es un privilegio ni un beneficio personal, son derechos básicos que todos y todas merecemos y es deber del gobierno atendernos”.
Insisten que exigen lo que por derecho les corresponde “y pedimos su respaldo, su solidaridad y a unirse a nuestra causa”.
Advierten que no permitirán otro ciclo escolar más en el que sus niñas y niños tengan clausuras en canchas o al aire libre porque sus escuelas siguen destruidas, primero por el huracán John y ahora por Erick.
“El bienestar de nuestros hijos no debe ser responsabilidad exclusiva de los maestros. Todo el pueblo tendrá que movilizarse y levantar la voz”.
Reiteran que sus demandas son: su inclusión al censo inmediato y completo de daños en todas las comunidades; reconstrucción de escuelas, auditorios y viviendas; reparación urgente de caminos, calles y carreteras; atención médica: personal, medicinas y funcionamiento de los centros de salud, así como apoyo directo a la agricultura, “que es la base de nuestra supervivencia”.
Responsabilizan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de cualquier agresión, amenaza “o acto violento contra nuestras comunidades”.
Las comunidades que se manifestaron son Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán y Zentixtlahuaca, de San Luis Acatlán.
Así como Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate de Marquelia.