Agentes de la Policía Estatal despedidos informaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón y tres mandos de la corporación están bajo un procedimiento federal porque no atendieron el amparo otorgado a los 206 agentes, en el que piden el cese al abuso de autoridad y su reinstalación en la corporación.
El 7 de junio, los agentes informaron que tramitaron un amparo en contra de su despido injustificado y abuso de autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que interpusieron ante los juzgados primero y segundo de distrito.
Ayer, en conferencia de prensa en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Chilpancingo, los agentes estatales dados de baja se quejaron del presidente de este organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, porque no ha intervenido en la reanudación de las mesas de diálogo para que se resuelva su situación laboral.
Un policía estatal despedido que omitió su nombre leyó un comunicado y explicó que el amparo fue notificado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, al secretario general de Gobierno, al secretario de Finanzas y tres mandos de la corporación, de los que no detallaron los nombres, para que atendieran el proceso laboral de los agentes, pero al no resolver la demanda, “se encuentran bajo un procedimiento federal y ante un órgano que procura justica”.
Detalló que el procedimiento federal pide a los funcionarios del gobierno y de la SSP, el cese del abuso de autoridad, la restitución en la corporación y una disculpa pública para los 206 policías estatales dados de baja.
Dijo que a pesar de que fueron despedidos arbitrariamente siguen sufriendo represalias de los mandos de la SSP, porque no les dejan entrar al cuartel central de la corporación ni al Palacio de Gobierno para pedir información de su liquidación o situación laboral, además les retuvieron la quincena de junio y viáticos, constancias de servicio y el bono del Día del Padre.
“No nos han dado la cara el secretario de Seguridad Pública, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores no tiene la voluntad de resolver el problema. Es coraje de orgullo lo que tiene el secretario, le hace falta capacidad, no puede con la seguridad pública del estado y no resuelve este problema mínimo que (se) le salió de las manos”, declaró el policía despedido.
Afirmó que están en la mejor disposición para regresar a la corporación cuando no haya represalias de los mandos y les entreguen las constancias de servicio de manera normal, sin hostigarlos.
Este lunes, Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
Ayer, otro agente despedido que no informó su nombre respondió que Almazán Cervantes no tiene conocimiento y capacidad para estar al frente de la corporación, agregó que es claro que sí hacen falta, porque en el estado hay inseguridad, “él no lo valora, me da tristeza que sea militar y no sepa desempeñar su papel”.
Comentó que, “primero debió escuchar los problemas de nosotros para buscar una solución, por eso es un funcionario público de primer nivel”, pero sólo despidió a los 206 agentes.
En tanto, una policía despedida se quejó de que Almazán Cervantes cuenta con escoltas al igual que los funcionarios de gobierno para su protección, y minimiza el trabajo de los 206 policías dados de baja, porque aseguró le hacen falta a la población para darles seguridad.
Los agentes estatales despedidos denunciaron que sus compañeros activos siguen siendo hostigados y son víctimas de represalias de los mandos de la corporación, responsabilizaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes de lo que les pueda pasar a los agentes despedidos y a sus familiares.
El 29 de mayo, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
El 12 de junio, los agentes despedidos informaron que ya eran 206 policías estales dados de baja de la corporación.