Un diagnóstico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, revela que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no construyó al menos 2 mil 200 viviendas de 201 pueblos, en 15 municipios de la región de la Montaña, a pasar de que fueron censadas tras los daños provocados por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013.
La evaluación destaca que, a cuatro años de la catástrofe, hay al menos una obra que no fue realizada en cada comunidad, a pesar de que fueron consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero, para el cual el gobierno federal destinó 27 mil millones de pesos.
Desde 2013, cuando el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña solicitó el acompañamiento de Tlachinollan, el organismo documentó daños en escuelas, clínicas o casas de salud, afectaciones en sistemas de redes de agua potable, puentes colgantes, comisarías o delegaciones, cultivos y, obviamente, afectaciones totales o parciales en viviendas.
Para Martha Ramírez, encargada de asesorar al Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña por parte de Tlachinollan, lo que más preocupa al organismo es el asunto de la vivienda, “éste es un rubro que el Consejo de Comunidades ha tenido como bandera porque, aparte del trabajo que realizaron las distintas dependencias del gobierno desde el 2013 y 2014, no se registró todo el daño”.
Contó que, incluso, el Consejo hizo un censo independiente y reportó al gobierno federal 4 mil 351 viviendas que encontraron con algún tipo de daño. Presentaron los resultados de su censo en septiembre de 2014 al entonces titular de la Sedatu, Carlos Ramírez Marín, quien reconoció que, incluso, el de la dependencia contaba con “inconsistencias”.
Posteriormente, la Sedatu hizo una revisión de campo que le llevó más de seis meses para depurar la lista, y la delegación ya a cargo de José Manuel Armenta Tello, admitió daños en 2 mil 200 viviendas de las 4 mil 351 que reportó el Consejo y que requerían reparación.
El Consejo refutó la cifra e insistió en que cuando menos 2 mil 900 casas sí necesitaban una reparación total y unas mil 200 requerían reparaciones mínimas, como compostura de techos, reparación de fisuras.
Marta Ramírez aseguró que la Sedatu aceptó este diagnóstico todavía en junio de 2016, “incluso en las reuniones que ha tenido el Consejo de Comunidades Damnificadas con el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, la delegación de Sedatu aceptó estos daños”, dijo.
Antes, en 2015, en reuniones con el ahora ex delegado de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, quien está inhabilitado por 10 años de la función pública por negligencia administrativa, admitió que había muchos daños en las comunidades que no se habían reparado; pero cuatro años después, ni siquiera las 2 mil 200 reconocidas originalmente por la dependencia federal se han hecho.

Incluyen obras que quedaron inconclusas

En el diagnóstico de la organización de derechos humanos, también se enlistan obras de infraestructura social que fueron reconstruidas, pero no en su totalidad.
Martha Ramírez citó el caso de Zontecomapa, municipio de Acatepec, que sufrió daño total y donde quedó inconclusa la reconstrucción de la escuela secundaria y el centro de salud.
Otro caso emblemático es el de la cabecera municipal de Tlacoapa, que tuvo que esperar tres años para que le construyeran su puente y un hospital comunitario. El puente fue entregado en noviembre del año pasado, y el hospital comunitario el mes pasado, después de casi cuatro años de ocurridos los daños, a pesar de que la ex secretaria de Desarrollo Social, y ahora de Sedatu, Rosario Robles, fue en dos ocasiones y prometió públicamente que Tlacoapa tendría que ser reconstruido totalmente antes de 2014.
Pero cuatro años después la reconstrucción no se ha terminado, pues según Martha Ramírez el hospital sigue inconcluso y los pobladores reciben atención médica en las instalaciones del comisariado de Bienes Comunales.
Otro ejemplo del incumplimiento de la reconstrucción, es el de la comunidad de Valle Hermoso, municipio de Metlatónoc, en donde además de los daños de la tormenta, hubo un conflicto agrario con Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca. El conflicto ha sido usado como pretexto para no repararles un puente que fue destruido en su totalidad durante las lluvias de septiembre de 2013.
Martha Ramírez informó que después de las recientes lluvias, los pobladores viven prácticamente encerrados en su comunidad “porque ya es imposible cruzar el río, y siguen sin puente”.
Cerca de ahí está la comunidad de Llanos de Tepehuaje, ubicada en una zona agrícola donde las lluvias de Ingrid y Manuel destruyeron todos sus cultivos, pero ninguna secretaría estatal o federal, “le han apostado a esta comunidad para reconstruir la zona afectada, y los campesinos sigan viviendo de la agricultura”.
Asimismo, en la comunidad de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, que debió ser reubicada totalmente, no se ha terminado la reconstrucción.
En La Ciénega, también en Malinaltepec, las empresas solamente llevaron el material para la reconstrucción de viviendas y lo almacenaron, pero no lo utilizaron y se echó a perder en su totalidad, mientras que las casas no se han terminado de reconstruir.
En Tlacoapa, un grupo de familias que vivían a orillas de un río fue reubicado y se creó una pequeña colonia, pero no se ha terminado la reconstrucción de sus viviendas.
La representante de Tlachinollan informó que ahí, a principios de este año llegó una empresa, supuestamente para terminar las casas, después el personal se fue y la obra sigue abandonada.

La reconstrucción de viviendas “se puede considerar que está en ceros”, señala

“Ese es el mismo patrón que existe en todas las comunidades de la Montaña. Lo que es el tema de vivienda, puentes, escuelas, fue sólo un engaño del Plan Nuevo Guerrero, y en el caso de vivienda se puede considerar que está en ceros porque no hubo realmente una reconstrucción”, insistió Martha Ramírez.
Contó que desde el inicio, cuando menos en la Montaña, se vivió una confusión con respecto a la dependencia que se encargaría de la reconstrucción, puesto que llegaron a las comunidades representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y de la Sedatu, sólo para levantar el censo, “pero a la mera hora ninguna de esas dependencias respondió”, se quejó Martha Ramírez.
Por ejemplo en la comunidad de Zontecomapa, quien censó fue la Sedesol, y trabajadores de esta dependencia federal entregaron a las familias un folio color rosa; les dijeron a las familias damnificadas que todos los que tuvieran ese folio tendrían segura su reconstrucción. Incluso a muchas familias les otorgaron un bono para que limpiaran y acondicionaran el terreno donde perdieron sus viviendas para que les construyeran allí la nueva, pero cuatro años después, ni la Sedesol ni la Sedatu han construido sus casas. El argumento de la segunda dependencia es que el folio color rosa no era garantía de la reconstrucción de sus viviendas, sino que solamente indicaba que la comunidad fue registrada en el censo.
“Cuatro años después pareciera que la reconstrucción de la vivienda sólo fue el mercado principal para las grandes constructoras”, dijo Martha Ramírez, quien denunció que cuando menos en esa región no llegaron más que minucias de los 37 mil millones de pesos que anunció de inversión el gobierno federal para la reconstrucción dentro del Plan Nuevo Guerrero.