EL-SUR

Sábado 18 de Mayo de 2024

Guerrero, México

Guerrero  

No entrega el Ejército información solicitada sobre los vuelos de la muerte, denuncia el MEH

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que es parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad creada por AMLO, señala que el Inai dio a la Sedena hasta el 22 de abril para entregar la averiguación previa que la Procuraduría Militar elaboró, y el 29 de abril para dar el listado de las víctimas, los responsables y las resoluciones de la justicia militar, pero no cumplió

Mayo 08, 2024

Ramón Gracida Gómez

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) señala en un comunicado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió con los plazos ordenados para la entrega de datos sobre los conocidos como vuelos de la muerte, que consistieron en el lanzamiento de cuerpos al mar desde aviones del Ejército que salían de la Base Aérea de Pie de la Cuesta durante el periodo de la guerra sucia de los años 1970 y parte de los 80.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Ejército entregar a más tardar del 22 de abril la averiguación previa que la Procuraduría Militar elaboró hace 24 años sobre estos crímenes; y el 29 de abril proporcionar el listado de las víctimas, los responsables y las resoluciones de la justicia militar.
El MEH explica que los vuelos de la muerte fueron parte de una “estrategia contrainsurgente que consistió en la ejecución de integrantes de diversas organizaciones guerrilleras entre 1973 y 1981, cuyos cuerpos eran arrojados mar adentro, desde aviones militares tripulados por efectivos del Ejército mexicano en vuelos operados desde la Base Aérea Militar #7, en Pie de la Cuesta”.
Por medio de la solicitud de información 330026423004070, el MEH pidió copia íntegra del expediente SC/034/2000/IV/IE-BIS y la Sedena accedió a entregar una copia de las 8 mil 704 hojas, pero sólo entregó mil 143 tras el pago por las copias de 8 mil 684 pesos.
A solicitud del Ejército, se accedió a que el resto del expediente se entregara en dos parcialidades más, pero el 27 de febrero de 2024 la institución castrense “notificó que el juzgado militar a cargo de ese expediente lo declaró reservado”.
El MEH presentó una queja ante el INAI que instruyó en su sesión del 3 de abril a la Sedena “a entregar copia íntegra del expediente, fijando como plazo para el cumplimiento de su instrucción el 22 de abril del año en curso”.
En tanto que la solicitud del MEH 330026424000178 requiere a la Sedena “el listado de las víctimas de los ‘Vuelos de la Muerte’, la lista de personas responsables que fueron procesadas por estos hechos, resoluciones de las autoridades de la justicia militar y la situación legal que guarda cada una de ellas”.
El Ejército respondió que la información es inexistente y el MEH promovió ante el INAI el recurso de revisión RRA 2751/24, que instruyó en la sesión del 10 de abril a la Sedena “a entregar la información solicitada dando como plazo el 29 de abril del año en curso”.
El MEH destaca que “la resolución RRA 2751/24 es de interés para la sociedad mexicana, pues su argumentación jurídica asocia el derecho al acceso a la información con el derecho a la verdad en materia de violaciones graves a los derechos humanos”.
En el documento, que puede ser leído en la página de internet del MEH, el INAI señala que conocer el nombre de las víctimas tiene la finalidad “de despertar la conciencia tanto de la autoridad, como de las personas en general, sobre la necesidad de evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en tales casos y conservar viva la memoria de la víctima”.
Concluye que “los nombres de las víctimas, como en este caso lo son de aquellas personas arrojadas al mar desde aviones del Ejército, constituye información pública.”
En cuanto a la identidad de los responsables, el INAI argumenta que la protección de sus datos personales queda supeditada porque divulgar esta información “representa un beneficio al escrutinio social, por el impacto y trascendencia del tipo de delito que se les imputaron a dichas personas, y por la alta impunidad hasta la fecha de señalar a responsables de tales actos”.
Resuelve: “se acredita un interés público mayor para dar a conocer la información requerida, a saber, su nombre, los cargos que enfrentaron, las resoluciones recaídas en sus procesos, así como el estatus legal que guarda en la actualidad cada una de dichas personas.”
El 27 y 28 de noviembre pasado, El Sur publicó en dos partes el reportaje del medio Fábrica de Periodismo que revela la misma investigación militar de la que el MEH pide acceso y que se llevó a cabo en el gobierno de Vicente Fox, en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Al respecto, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, declaró que el Ejército oculta información sobre estos hechos y redujo la investigación a los dos generales para cuidar el “prestigio” de la institución.
Y el ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero, Nicomedes Fuentes García, expuso que se debe judicializar la investigación para conocer la verdad.
El 25 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Situ Research presentaron la recreación audiovisual de los “Vuelos de la Muerte”, que se basó en la misma investigación militar de 2002, y en trabajos periodísticos y fotografías satelitales de Estados Unidos.
El 2 de abril se llevó a cabo una conferencia virtual sobre este video y uno de los comisionados del MEH, David Fernández Dávalos, informó que el Ejército sólo les entregó una tercera parte de la versión testada de la multicitada investigación militar, y también acusó a la institución de desacatar la orden presidencial de abrir sus archivos sobre este periodo porque los ocultó, alteró y mutiló.
Además de David Fernández, ex rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el MEH está integrado por los comisionados Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; Eugenia Allier Montaño, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Carlos Pérez Ricart, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Su mandato termina a la par del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de octubre y va a presentar un informe final, el cual ya están escribiendo pese a que ya no se pudo avanzar en la revisión de los archivos militares por las limitaciones del Ejército, dijo Abel Barrera a El Sur después de los Diálogos por la Verdad, que se llevó a cabo el 28 de febrero en Atoyac.
El MEH es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Los otros cuatro mecanismos son el Comité para el Impulso a la Justicia; el de la Memoria y Garantía de No Repetición; el Plan de Búsqueda encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); y el Plan Especial de Reparación y Compensación, instrumento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).