El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que ayer los pobladores de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, no habían entregado a los cuatro detenidos acusados del asesinato de un indígena de Quetzalcoatlán y por las lesiones a otro la tarde del miércoles de la semana pasada.
Los cuatro implicados fueron detenidos por soldados del Ejér-cito el sábado en esa comunidad en una operación con policías estatales. Ese día también decomisaron cerca de 20 motocicletas y unos cinco vehículos que utilizaban los miembros de la autodenominada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia, señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo el domingo pasado unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos llegaron al auditorio municipal de Zitlala, la cabecera municipal, y no sólo les arrebataron a los militares y policías a los cuatro detenidos, sino que también se llevaron las motocicletas y los vehículos que habían decomisado el día anterior.
Este caso no había sido informado por las autoridades hasta que el martes fuentes de la cabecera municipal informaron al presidente del colectivo de familiares de desaparecidos, Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien informó de los hechos a El Sur.
Consultado ayer el vocero no negó el incidente y en la tarde reconoció que los detenidos que fueron recuperados no habían sido entregados aún a los militares y policías estatales, como fue el compromiso del presidente del grupo Paz y Justicia, Tranquilino Palatzin Tranquero.
Álvarez Heredia informó que el dirigente de la agrupación se comprometió a que los cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas serían entregados “a media semana”, pero que la tarde de este miércoles no había cumplido.
La detención de Hermelindo, Fidel, Carlos y una cuarta persona que no se ha identificado porque no es de la zona, ocurrió en una operación el sábado después de que las autoridades federales y estatales llegaron a acuerdos con la dirigencia de la agrupación y los pobladores de Tlaltempanapa.
Ese día acordaron que el Ejército y las corporaciones estatales se harían cargo de las funciones de seguridad en la zona, que los soldados establecerían dos puestos de control en la entrada principal y salida de la población, desde donde coordinarían operaciones de vigilancia y reconocimiento, que la población y el grupo armado no se “entrometerá” en las actividades de patrullaje y reconocimiento del Ejército y las corporaciones policiacas.
Asimismo, que cualquier persona que fuera sorprendida portando arma sería desarmada y detenida, y Tranquilino Palatzin se comprometió a entregar a los cuatro presuntos responsables del asesinato de Benigno Marabel Tlatempa y de las lesiones a Salomón Lara Tlatempa, indígenas de la comunidad de Quetzalcoatlán que fueron atacados la tarde del miércoles de la semana pasada a la salida de Zitlala.
Otro de los acuerdos fue que las fuerzas federales y estatales permitirían un módulo con civiles armados en la salida a Tlapehualapa para prevenir el abigeato, y que informaría en su caso al Ejército, además de que se retomarían acuerdos para canalizar demandas al sector salud y a la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.